El Tribunal Supremo de Justicia expresó su más enérgico rechazo ante las ilegales medidas coercitivas que han sido tomadas por los gobiernos de la República de Panamá y de la Confederación Suiza.
A través de una nota, el máximo juzgado del país condenó la «conducta reprochable e indigna contra la República Bolivariana de Venezuela, el pueblo, las instituciones legalmente constituidas, sus funcionarios y funcionarias, protegidos bajo los principios y garantías constitucionales que preservan la soberanía e independencia, con el más alto patrimonio moral fundado en sus valores de libertad, igualdad y justicia que fortalecen la paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.
Se señala además que las «grotescas medidas violan los extremos del ámbito internacional, y de manera frontal y flagrante la honorabilidad de las naciones y la reciprocidad de las buenas prácticas del Derecho de los pueblos libres y soberanos, las cuales insistentemente han sido reconocidas por los Estados civilizados; conductas como éstas tratan de amedrentar constantemente la soberanía nacional, y pretenden soslayar y lesionar el sagrado principio de autodeterminación de los pueblos».
El Poder Judicial indica que «las autoridades de Panamá y de la Confederación Suiza demuestran a la Comunidad Internacional el descaro de su subordinación a la política injerencista del gobierno supremacista de los Estados Unidos de América, convirtiéndose así en cómplices de una potencia guerrerista que busca aniquilar la democracia venezolana y a sus instituciones».
Agrega que «en vísperas de un nuevo proceso electoral, libre, transparente y democrático, que tendrá lugar en Venezuela el 20 de mayo de 2018, el gobierno suizo y el gobierno panameño se han sumado a las condenables prácticas desestabilizadoras e intimidatorias auspiciadas por la administración estadounidense y sus aliados, con el espurio propósito de someter al tutelaje a un Pueblo libre y soberano como el venezolano».
Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia reitera a la opinión pública nacional e internacional, que «defenderá, dentro del ámbito de las competencias que le son inherentes, la institucionalidad democrática de Venezuela, consagrada en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, y rechazará contundentemente toda acción, interna o externa, que pretenda socavar la sagrada soberanía e independencia de Venezuela».
Finalmente, el TSJ, en nombre del Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, «expresa su solidaridad al heroico pueblo venezolano, y a los demás Poderes Públicos nacionales que han sido objeto de la arremetida del gobierno supremacista estadounidense, expresada a través de países que, al adoptar vergonzosas posiciones de vasallaje, han mancillando la dignidad de sus respectivas naciones».
