El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá publicó una resolución, de número 02-2018 y con fecha del 27 de marzo, en la que se emite una advertencia a todas las instituciones públicas y privadas del país centroamericano, para limitar operaciones económicas y financieras a la “listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva“.
En la lista, además del presidente Nicolás Maduro, figuran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, y el fiscal designado, Tarek William Saab, la presidente del Consejo Supremo Electoral, Tibisay Lucena, la rectora principal Socorro Hernández, el jefe del gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides, además de figuras como Adán Chávez, hermano de fallecido presidente Hugo Chávez y el jefe del Psuv, Diosdado Cabello.
Siendo el primer país latinoamericano en adoptar una resolución similar, Panamá, con esta medida, en la práctica establece un congelamiento de activos de 55 funcionarios venezolanos vinculados al chavismo gobernante, así como a 16 empresas presumiblemente vinculadas.
La medida establece una prohibición de transacciones comerciales y/o financieras con cualquier empresa o persona en territorio panameño, y ordena además establecer si existiesen personas de otras nacionalidades que pudiesen actuar como personas interpuestas en representación de los venezolanos incluidos en la nómina.
La lista, presentada por la resolución como “inicial”, pudiera ampliarse con otros venezolanos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, es un padrón inicial de personas con prohibición de operar económicamente en suelo panameño.
