La decisión anunciada por la A.N.C., de adelantar las elecciones Presidenciales para ser celebradas en el primer cuatrimestre de este año, ha desatado una serie de comentarios adversos en el ámbito político local e internacional.
A decir verdad, este anuncio se ajusta a la estrategia que ha venido aplicando el “oficialismo”, con la celebración de una cadena de comicios que le han permitido alcanzar holgadas victorias, logrando con ello teñir de rojo el espacio geográfico del país y relegando a la “oposición”.
Ahora bien, la convocatoria en cuestión ha provocado el rechazo del sector opositor venezolano, de la Unión Europea (U.E.), integrada por 28 países, del Grupo de Lima reunido en Chile, integrado por 14 países, de importantes países que conforman la O.E.A., como Estados Unidos, Brasil, Canadá y muchos otros, coincidiendo todos, en que no existen las garantías suficientes para celebrar un proceso electoral libre y confiable.
Tal y como se observa el panorama, celebrar estas elecciones con marcada anticipación, con un árbitro cuestionado y nada imparcial, e interrumpiendo el proceso de dialogo, donde se espera un posible acuerdo que conlleve a renovar al actual C.N.E. y a establecer la fecha de la elección presidencial, no contribuye en modo alguno a crear las condiciones adecuadas para una transición en paz y tranquilidad.
Por otra parte, todo parece indicar que de celebrarse este proceso electoral en los próximos 90 días, el “oficialismo”, a pesar de su alto porcentaje de rechazo (65%), tendría todas las de ganar o de salir exitosos, los tiempos favorecen al gobierno que tiene la capacidad económica y la maquinaria para participar, dada la dispersión, división,y posible extinción en que se encuentra sumida la M.U.D., aunado a la manifiesta abstención (70%) mostrada por el electorado opositor.
Además de todos es conocido, la subordinación del C.N.E. a los designios del alto gobierno, el sesgo político que le imprimen a cada una de sus decisiones, como eso de obligar a algunos partidos de la oposición a revalidar de nuevo a sus electores, en un plazo perentorio y reciente, y la exclusión de la tarjeta de la M.U.D. del próximo proceso electoral, cumpliendo directrices del T.S.J., y castigan a los partidos de oposición con leyes retroactivas y hasta pudieran utilizar el Padrón Electoral de 2.015.
De tal manera, que esta convocatoria comicial no ha hecho otra cosa que develar la intencionalidad del “oficialismo” a perpetuarse en el poder, recurriendo a prácticas poco democráticas, por las argucias que allí subyacen, pero que trasmiten y colocan un velo de legalidad al régimen hegemónico y militarista.
No obstante, a quien más compromete la situación planteada es al sector opositor, ya que a la fecha se han mostrado más candidatos que votos para elegirlos, aún no definen el mecanismo a utilizar para seleccionar al candidato único, y cada día crece de manera desbocada el rechazo de la población a los nombres que se han asomado a la fecha, y se sigue a la espera de la aparición de un candidato “independiente”, sin vinculación con partidos políticos en el pasado, con excelente trayectoria y experiencia en el mundo empresarial.
Finalmente, no nos logra despertar optimismo la salida electoral planteada por la A.N.C. y menos en los términos establecidos, y creemos se trata de una nueva treta para ganar el tiempo necesario que requiere el gobierno, para buscar superar la grave crisis que atraviesa el país, sin que ello menoscabe la permanencia en el poder de este decadente y obstinado modelo “socialista”, que durante 20 años ha trastocado la calidad de vida de los venezolanos. Valor y Pa´lante.
