Venezuela acusó a Estados Unidos de tratar de sumergir en un caos su economía tras la decisión de la Casa Blanca de prohibir que los estadounidenses realicen transacciones con cualquier moneda digital venezolana, en alusión a la criptomoneda petro emitida por el gobierno el mes pasado.
La sanción no generó mayor sorpresa debido a que desde inicios de año el Departamento del Tesoro había adelantado cuestionamientos a la moneda digital venezolana, pero los analistas estiman que la medida incrementará las dudas que hay en torno del petro que ya es considerado riesgoso por la dificultades económicas que enfrenta Venezuela y su industria petrolera.
El gobierno venezolano condenó la decisión de Washington e indicó que las sanciones unilaterales violan la Carta de Naciones Unidas y constituyen «una nueva agresión imperial orientada a intensificar el ataque a nuestro pueblo», de acuerdo con un comunicado difundido por la cancillería.
Según Caracas, el gobierno de Donald Trump pretende por la vía del «bloqueo comercial, la persecución financiera y el boicot económico, caotizar nuestra economía».
La medida de la Casa Blanca llegó dos meses después de que el Departamento del Tesoro señaló que el petro parecía ser una extensión de crédito a Venezuela y advirtió que sus transacciones podrían violar las sanciones impuestas en agosto, que prohíben a los estadounidenses extender créditos al país sudamericano o canjear bonos con el Estado venezolano y la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
El gobierno de Nicolás Maduro ratificó que continuará impulsando el petro, que está respaldado por las reservas del campo número 1 del Bloque Ayacucho de la Faja del Orinoco, que se estiman en más 5.000 millones de barriles de petróleo.
Maduro dijo a inicios de mes, dos semanas después del lanzamiento de la moneda digital, que el gobierno tenía más de 5.000 millones de dólares en «ofertas de la preventa del petro».
El gobierno impulsó el petro como una vía para lograr recursos financieros y sortear la profunda crisis económica en la que está sumida Venezuela, con una inflación que en febrero alcanzó una tasa anualizada de 6.147,1% según estimaciones de congresistas opositores; una severa escasez de alimentos, medicinas y productos básicos y una fuerte recesión.
Sobre los efectos de la sanción de Washington, el economista de la firma local Ecoanalítica, Jean Paul Leidenz, afirmó a The Associated Press que pareciera que el gobierno venezolano no ha orientado la emisión del petro hacia inversionistas occidentales sino que está interesado en «inversionistas rusos y cataríes».
«El petro tiene una serie de factores de riesgo que van allá de las sanciones», indicó el analista al reconocer que la moneda digital venezolana es riesgosa porque «no hay derecho de propiedad bien aclarado sobre los barriles de respaldo», no existe una empresa mixta que esté en el campo número 1 del Bloque Ayacucho de la Faja del Orinoco donde están las reservas que respaldan la moneda digital y por el desempeño de la industria petrolera venezolana cuya producción ha caído casi en 500.000 barriles diarios desde septiembre del año pasado.
Las tirantes relaciones entre Washington y Caracas, que están sin embajador desde 2010, se tensaron aún más el año pasado tras el endurecimiento de las sanciones de la Casa Blanca.
