El que organizaciones como la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hayan exhortado a los países de la región a dictar medidas especiales que protejan a los miles de venezolanos que están cruzando diariamente las fronteras, reflejan la alarma que ha generado esta situación en la opinión pública internacional sino que confirman la gravedad de un fenómeno inédito en la historia venezolana.
El pronunciamiento lo hace Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB, quien advierte que el deterioro de la situación económica, social y política seguirá forzando a miles de compatriotas a abandonar el territorio. Pidió a los organismos humanitarios internacionales apoyar a los países de la región con soluciones que protejan a las poblaciones más vulnerables.
Admite que “Aunque las declaraciones no son de carácter vinculante, la ACNUR y la CIDH están admitiendo que en Venezuela hay una crisis que va más allá de lo político, que está afectando la capacidad de las personas para asegurar su subsistencia en el país. Sin decirlo, la directriz reconoce que los venezolanos se están enfrentando a una crisis humanitaria y que merecen protección internacional”.
Bolívar asegura que el CDH-UCAB tiene tres años advirtiendo que esto ocurriría, luego de trabajar desde 1998 en la asistencia integral de inmigrantes y refugiados que venían al país y ver cómo la realidad en esta materia fue cambiando.
Estampida alarmante
Recordó que según la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), entre 2012 y 2017 más de 815 mil personas salieron del país y 80% lo hizo en los últimos dos años de ese período. Además, 12 de cada 100 emigrantes venezolanos son de los sectores más pobres.
La especialista echa mano de otros datos para advertir que en los últimos cuatro años el flujo migratorio nacional ha crecido de manera exponencial.
-De acuerdo a Aikatarina Kitidi, portavoz de ACNUR, el número de venezolanos que buscan asilo en el mundo ha aumentado un 2000% desde 2014, al pasar de 4.040 casos en 2014 a más de 94.000 en 2017. Pero más allá de las cifras macro, hay datos que indican la magnitud del impacto de este fenómeno en los países vecinos: En Boa Vista, Brasil, 1 de cada 10 habitantes es venezolano; en Aruba, 5% de la población es venezolana, y en Perú, nada más en enero ingresaron diariamente 1000 venezolanos por la frontera ecuatoriana. Estas son cifras oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones y ACNUR-.
La experta también considera preocupante que entre los expatriados nacionales cada vez haya más personas en la categoría de migrantes forzosos.
-A diferencia del migrante que lo hace por voluntad propia, el refugiado sale de manera forzosa y tiene un temor fundado de regresar al país porque puede sufrir daños irreparables a su vida o integridad física. En Venezuela, tenemos una migración mixta que incluye personas que aspiran mejorar su nivel de vida, pero también personas que han sido perseguidas por motivos políticos y personas que se sienten vulnerables a causa de las carencias de alimentos y medicamentos o tras haber sido víctimas de un secuestro, de un robo violento o del homicidio de un familiar. Hoy en día hay algo de migración voluntaria, pero hay mucho de migración forzada-.
Cree que el recrudecimiento de estas condiciones tiene serias repercusiones sobre los derechos humanos y pone en el ojo del huracán a los sectores menos preparados para defenderse.
-Por una parte, el hecho de que la población esté saliendo por la insatisfacción de necesidades básicas deja al descubierto la denegación de derechos humanos por parte de las autoridades. Por otra parte, en la medida en que los países receptores no entiendan las dimensiones del problema y las necesidades de protección de los migrantes, pueden incurrir, por acción o por omisión, en violación a sus derechos, lo cual se refleja en discriminación, ausencia de medidas especiales para poblaciones más vulnerables como mujeres, niños o indígenas, entre otras- asegura.
Bolívar también advierte que a corto plazo el panorama no es nada alentador.
-Las proyecciones de hiperinflación y escasez son extremadamente preocupantes. La intolerancia va en aumento, al igual que la inseguridad jurídica y ciudadana. Un órgano ilegítimo que se ha autodeclarado plenipotenciario agudiza la crisis política y de gobernabilidad. En resumen, las condiciones objetivas que dieron origen a estos enormes flujos migratorios que estamos presenciando no sólo no han cambiado sino que tienden a agravarse, por lo que es de esperar que la situación migratoria también se agrave-, asegura.
La urgencia de políticas duraderas
A nombre de la organización que dirige, Ligia Bolívar hizo un llamado a los gobiernos, las ONG de derechos humanos y a los ciudadanos de los países vecinos para que atiendan este problema con una visión de solidaridad y en el marco de los acuerdos internacionales.
-No alentamos la migración y demandamos un cambio en las políticas públicas nacionales en el área social y económica para que los habitantes de Venezuela no se sientan urgidos a abandonar el país. Pero reconociendo que la migración es una realidad que ha llegado a un punto crítico, nuestro llamado es a los Estados receptores para que generen políticas de protección a la población migrante en las mismas líneas de la directriz de ACNUR. Protección significa acciones duraderas, es decir, que no cambien de un día para otro dependiendo del estado de ánimo del gobernante de turno. Sin embargo, entendemos que se trata de una situación abrumadora para los Estados receptores y por eso el llamado es también a los órganos humanitarios internacionales para que volteen la cara hacia los países receptores y los apoyen en la búsqueda de soluciones y respuestas duraderas-, ratifica.
