Donald Trump presenta este lunes en New Hampshire su plan de lucha contra los opiáceos, causa de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, dispuesto a alentar el uso de la pena de muerte contra algunos traficantes.
Pero más allá de su resonancia, el anuncio del mandatario podría quedarse en la fase de mera exhibición política, pues su implementación, su alcance y su eficacia son objeto de muchas dudas.
Una verdadera crisis de salud pública en Estados Unidos, la dependencia a los opiáceos fue colocada en un lugar prioritario por el presidente republicano, que prometió luchar contra este «flagelo».
En 2016, Estados Unidos registró unas 64.000 muertes por sobredosis, la mayoría de ellas relacionadas con opiáceos. Esta categoría de estupefacientes incluye a los analgésicos bajo prescripción médica como el oxycontin y el fentanilo, así como la heroína, a menudo mezclada con sustancias sintéticas.
«El Departamento de Justicia solicitará la pena de muerte contra los traficantes de droga siempre que sea posible según las leyes existentes», dijo la Casa Blanca al presentar las grandes líneas del plan antes del discurso presidencial.
Consultado acerca de los casos concretos en que esto podría ocurrir, el Ejecutivo se mostró evasivo.
Según un informe de la ONG Harm Reduction International, Estados Unidos forma parte de la treintena de países en el mundo donde la ley establece la pena de muerte para ciertos delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Pero solo siete de ellos, incluidos China, Irán, Arabia Saudita, Singapur e Indonesia, recurren a esta con frecuencia.
El plan de la Casa Blanca también planea «reducir la demanda» de opiáceos a través de la educación y de la lucha contra la prescripción excesiva. También hace hincapié en la necesidad de «ayudar a quienes luchan contra la adicción».
Firmeza
A principios de marzo, Trump dijo en una reunión en la Casa Blanca que los países que usaban la pena de muerte contra los traficantes tenían «muchos menos problemas de drogas» que Estados Unidos.
«Necesitamos firmeza (…) Tendremos que ser muy firmes en las penas», lanzó. «Si matas a alguien, te sentencian a cadena perpetua, te sentencian a pena de muerte. Estos tipos pueden matar a 2.000, 3.000 personas, y no les pasa nada», lamentó.
La idea de exigir la pena de muerte contra algunos traficantes dista mucho de contar con apoyo unánime en la clase política estadounidense.
«No resolveremos la crisis de los opiáceos con encarcelamientos y ejecuciones», advirtió por adelantado el senador demócrata de Massachusetts, Ed Markey.
«Las propuestas extremas como el uso de la pena de muerte solo perpetúan el estigma de infamia asociado con el uso de opiáceos y son una distracción del debate necesario sobre (…) las iniciativas de salud pública indispensables para salvar vidas», dijo.
En términos generales, la pena de muerte sigue siendo poco aplicada a nivel federal en Estados Unidos, donde los delincuentes son en su mayoría juzgados por los estados.
Desde el restablecimiento de la pena capital federal en 1988, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pedido la pena de muerte para unos 300 acusados, y menos de 80 han sido condenados a muerte.
De este total, solo se llevaron a cabo tres ejecuciones federales. Una de esas tres fue la de Timothy McVeigh, quien hizo estallar un camión bomba en la ciudad de Oklahoma en 1995, matando a 168 personas.
