La disparada del «dólar negro» y su impacto hiperinflacionario obligaron al gobierno venezolano a flexibilizar el control de cambio vigente desde 2003, pero expertos advierten que no frenará el demoledor aumento de precios.
¿Qué cambió?
Hasta ahora al mercado lo alimentaba el Estado, que monopoliza las monedas, pero el gobierno relanzó el 1 de febrero un sistema de subastas de divisas -cerradas durante cinco meses-, esta vez con recursos del sector privado.
Desde entonces, se registró una devaluación del bolívar de 90,81% en la venta de 4,4 millones de euros, moneda de referencia por sanciones financieras de Estados Unidos que obstaculizan el acceso de Venezuela a financiamiento externo.
El gobierno también eliminó una ínfima tasa de 10 bolívares por dólar, exclusiva para importar comida y medicinas, y foco de corrupción.
Bajo ese sistema, con la misma cantidad con la que se compraba un pequeño paquete de galletas podían adquirirse 1.000 dólares, lo que alentó la sobrefacturación y entrega de divisas a empresas fantasma para ser revendidas en el mercado negro.
De 2004 a 2014, con la bonanza petrolera, este control sirvió para subsidiar productos básicos importados con dólares vendidos a tasas irrisorias.
Pero en los últimos años las importaciones se derrumbaron y la escasez de bienes se hizo crónica, ante una severa sequía de dólares por la caída de la renta petrolera, que representa 96% de los ingresos.
Ahora, en un país en hiperinflación y en default parcial, el gobierno busca liquidez.
En febrero creó el Petro, criptomoneda para intentar reducir la dependencia del dólar y eludir las sanciones estadounidenses, aunque expertos ponen en duda su éxito por la desconfianza en la política económica.
¿Qué pasó con el «dólar negro»?
Pese a la severa devaluación no ha podido cerrarse la gigantesca brecha con el «dólar negro», que se cotiza a 216.000 bolívares, seis veces más que el valor derivado de las subastas.
El nuevo sistema «no garantiza las divisas» que necesita la economía ante las más atractivas tasas del mercado negro, dijo a la AFP la economista Anabella Abadi.
Aunque el «dolar negro» retrocedió tras alcanzar un pico de 266.000 bolívares en enero, es algo coyuntural, añade.
«Vamos a ver un rebote», comentó a la AFP el economista Jesús Casique, quien explica que en esta época los bolívares se destinan en mayor medida al pago de impuestos que a la compra de divisas en el mercado paralelo, como ocurrió en 2017.
Según la firma Aristimuño Herrera & Asociados, el «dólar negro» superaría este año los 8 millones de bolívares.
¿Y la inflación?
El costo de vida sigue imparable. Según el Legislativo, aumentó 80% en febrero, mientras el FMI proyecta que este año trepará a 13.000%.
Los salarios se evaporan. Tras un reciente aumento de 64%, el ingreso mínimo mensual es de 6,5 dólares a la tasa del mercado negro, lo que cuestan poco más de tres kilos de carne.
Se estima que el peso del «dólar negro» recae sobre las importaciones privadas (25%), pues el resto las realiza el Estado.
Esas compras pasaron de 59.339 millones de dólares en 2012 a 12.057 millones en 2017, generando desabastecimiento y presiones inflacionarias.
La devaluación impactará especialmente en los costos de productos y servicios subsidiados como agua, electricidad o telefonía, ligados a las tasas oficiales.
Ocurrirá por el mayor costo de las importaciones y el incremento de tasas arancelarias y otros impuestos, explicó Abadi.
Más nubarrones
Las reformas cambiarias lucen insuficientes.
«El Banco Central monetiza el déficit fiscal -un 20% del PIB- emitiendo dinero sin respaldo. Si mantienes la máquina de dinero a todo vapor, no vas a frenar ni la hiperinflación ni el dólar negro», subrayó Casique.
Incluso, según la consultora Ecoanalítica, el positivo impacto fiscal de la depreciación para el gobierno será diluido por la hiperinflación. «Los precios no tienen ancla», dice su presidente, Asdrúbal Oliveros.
El horizonte es sombrío: las importaciones caerían hasta 9.000 millones de dólares este año, cuando los compromisos de deuda totalizan unos 8.000 millones y las reservas apenas llegan a 9.500 millones, advierte Aristimuño.
Los expertos coinciden en que la recuperación de la economía -que según la CEPAL se contrajo 32% desde 2014- exige eliminar el control cambiario.
