Un fideicomiso vinculado a la petrolera estatal venezolana demandó a Glencore, Lukoil y otras empresas del sector por presuntamente pagar sobornos a funcionarios venezolanos corruptos a cambio de contratos con PDVSA.
La demanda civil interpuesta por el PDVSA Litigation Trust y dada a conocer el jueves en Miami afirma que tales actos de corrupción han significado que la compañía venezolana pierda ingresos por miles de millones de dólares desde 2004.
La demanda se presenta en momentos en los que Estados Unidos amplía su propia investigación criminal de corrupción en PDVSA. Se cree que durante la última década han desaparecido de la compañía al menos 11.000 millones de dólares, de acuerdo a un reporte de 2016 de la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoría. Los fiscales creen que entre las personas que aceptaron sobornos se encuentra Rafael Ramírez, el ex ‘zar petrolero’ de Venezuela, quien no fue mencionado en la nueva querella.
El ardid para manipular precios, amañar licitaciones y eliminar a la competencia, así como robar información altamente confidencial clonando los servidores de la compañía, supuestamente fue iniciado por dos ex operadores de PDVSA, Francisco Morillo y Leonardo Baquero.
Glencore, con sede en Suiza, y Lukoil, con sede en Rusia, son parte de los más de 40 acusados entre los que se incluye a operadores deshonestos de corredurías multinacionales, empresas fantasma, funcionarios de nivel intermedio de la PDVSA, y a un banco de Florida.
En 2004, los dos venezolanos establecieron un despacho de consultoría en Panamá, Helsinge Inc., que también contaba con oficinas en Miami, Ginebra y la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. La compañía era el conducto mediante el cual algunos de los principales clientes y proveedores de PDVSA supuestamente obtenían información privilegiada sobre las licitaciones de PDVSA para la venta de sus exportaciones petroleras así como para la compra de petróleo crudo ligero, con el que Venezuela refina su crudo pesado.
Entre las demás actividades ilícitas, un trabajador de PDVSA apodado «el Nerd» supuestamente instaló un servidor espejo en las instalaciones de Helsinge de Miami para brindarles a los intermediarios y sus clientes acceso en tiempo real a la información sobre ofertas de competidores y licitaciones futuras.
A cambio del espionaje y otras ventajas desleales, Helsinge – que no estaba autorizada a realizar transacciones directas con PDVSA – supuestamente les cobraba a las compañías petroleras internacionales una cuota mensual de entre 15.000 y 150.000 dólares, más una compensación de hasta 22 centavos de dólar por barril comprado o vendido. Parte de ese dinero se usó para pagar sobornos desde las compañías fantasma en Panamá a cuatro directores de PDVSA, uno de los cuales, Ysmael Serrano, actualmente está a cargo del departamento de suministros, según la demanda.
No se recibió respuesta a un email enviado al sitio web de Helsinge, que no enlista un número telefónico ni dirección de la compañía.
Glencore y Lukoil no comentaron de momento. No hay evidencia de que las compañías alentaran los acuerdos corruptos, excepto por las comunicaciones entre Helsinge y los operadores de las compañías petroleras en las que se discuten transferencias electrónicas y la manera de cambiar los términos de licitaciones futuras antes de que salieran al mercado en general.
PDVSA tampoco comentó.
El mes pasado, fiscales de Houston levantaron los sellos a las acusaciones de soborno en contra de cinco ex altos funcionarios, incluyendo a un viceministro de Petróleo. Dicha demanda afirma que Ramírez fue una de las personas que recibió pagos ilegales. Ramírez salió de Estados Unidos con rumbo desconocido después de renunciar en diciembre como embajador ante Naciones Unidas, y desde entonces también ha sido objeto de una investigación por corrupción en Venezuela.
La evidencia en la demanda fue recabada, en parte, por un ex investigador de Scotland Yard contratado por el fideicomiso y a quien se le otorgó el año pasado acceso a los servidores de PDVSA en Caracas. También se basa en emails, registros bancarios y mensajes de texto que proporcionó la esposa de Morillo, de quien está distanciada. Algunos de esos documentos están incluidos en la demanda y detallan como se llevó a cabo la conspiración.
