El expresidiario que alcanzó el parlamento nacional, acusado por el gobierno de posesión de “material de guerra”, detenido el miércoles 11 de enero de 2017 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), se encuentra aislado en el Centro Penitenciario Fénix. No ha visto la luz del sol, dijo su abogado Ramón Carmona.
Sus familiares, quienes se trasladaron a Barquisimeto desde el pasado lunes, no lo han visto. Desconocen en qué condiciones se encuentra, cuál es su estado de salud.
Su viacrucis suma 10 audiencias suspendidas. No debería estar preso, según la defensa. Gilber es inocente, sostiene su madre, quien se encuentra seriamente afectada por la injusta presión de su hijo.
Del penal de Tocuyito (Carabobo) fue trasladado a Fénix el pasado viernes 2 de marzo en horas de la madrugada, desde entonces, permanece incomunicado. Ni siquiera el director, Ronald Zapata, sabía de su transferencia, menos de intentos de fuga.
La cárcel de Ramo Verde, reservada específicamente para militares y para civiles que por sus características representen una importancia para el estado venezolano, debería ser el sitio natural de reclusión, sostiene Carmona, no obstante, ante la evidente violación a los derechos humanos, Caro pasa de un penal a otro, destinado a presos comunes.
Una foto y un video como “fe de vida” circularon a través de las redes sociales el fin de semana, pruebas que la defensa y familiares cuestionan por ser presentadas “al mejor estilo de los terroristas de ISIS”, tal y como expresó el representante legal del diputado.
El lunes 5 de marzo, diputados a la Asamblea Nacional, dirigentes de Voluntad Popular y familiares que se hicieron acompañar por la defensa, estuvieron en Fénix desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, en un intento fallido de ver al prisionero. Familiares de presos confirmaban que allí estaba, al igual que unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que hasta mostraron el libro de internos, contó el coordinador regional de VP, Daniel Orellana, sin embargo, todo se resumía en una información extraoficial.
El martes 6 de marzo, Iris Varela, ministra para los Asuntos Penitenciarios, dio a conocer que al parlamentario se le consiguieron planes para fugarse.
“Resulta que estaba planificando una fuga con cinco privados de libertad en la mínima de Tocuyito, le tengo el barrido al teléfono completico y las conexiones al teléfono (…) lo saqué y lo trasladé al Fénix de Lara”.
Confirmada la noticia, pasan las horas pero no la tortura para sus seres queridos, quienes reclaman su derecho constitucional, ver al preso político.
La realidad obligó a los afectados a convocar una rueda de prensa en Fénix, encabezada por la juventud del partido, dirigentes políticos, familiares y amigos que incluso viajaron desde Valencia.
El abogado Carmona expone que el director de la cárcel no tiene autorización para atender ni a la defensa ni a los familiares.
-En caso de fuga lo lógico es que presenten al imputado ante el Tribunal de Control para cargarle un nuevo delito. No lo hicieron porque eso no ocurrió nunca.
Califica como una violación la obstaculización de la asistencia legal.
La ley también establece el permanente contacto del prisionero con sus familiares.
“Quien niegue eso viola el artículo 49 de la Constitución de la República. Son delitos de lesa humanidad que no prescriben, tarde o temprano llegará el brazo de la justicia. A Gilber se le han violado todos sus derechos, sabemos que está aquí porque el lunes le permitieron una llamada telefónica, habló con su pareja, su hermana y conmigo”.
Reitera que desconoce en qué condición de reclusión se encuentra, si recibe sus comidas.
“Cuando a él lo detuvieron acababa de ser operado de varicocele, nunca ha recibido tratamiento y eso ha empeorado. Gilber ha perdido entre 12 y 15 kilos de peso, está demasiado delgado, lo que pone en peligro su estado físico”.
Responsabiliza a la juez 6to de Control, Luz Mariela Santafe, de lo que le pueda ocurrir a Caro. Asimismo, le exige que muestre la boleta de traslado de Tocuyito a Fénix.
“Por ser un preso político debería estar recluido en Ramo Verde. Estos centros son para procesados y presos comunes. Aquí su vida corre peligro”. Reconoció que Caro está aislado por completo y a oscuras.
Como la causa está a cargo del Tribunal Militar de Carabobo, debe ser trasladado para la audiencia número 11, las anteriores han sido diferidas por diversas causas.
“No existe ningún elemento de convicción que permita suponer que el diputado incurrió en algún delito. Él y su pareja fueron ‘sembrados’ y eso está perfectamente especificado en el expediente”.
Preso de la dictadura
Daniel Orellana, concejal de Palavecino y coordinador regional de VP, sostiene que recrudecieron las acciones contra Caro porque el partido no quiso participar en el proceso electoral que se efectuará en mayo.
“No vamos a claudicar, sabemos que se trata de retaliaciones contra VP y el liderazgo de Leopoldo López”.
Jesús Suárez, responsable del movimiento juvenil de VP en Lara, señaló que Gilber Caro es un preso de la dictadura.
“Sabemos que el Gobierno le teme a la juventud, a las ideas. Nuestros líderes están presos por decir la verdad. Exigimos la libertad del diputado porque es inocente”.
