Este gobierno se sostiene sobre el uso continuo y sostenido de la mentira. Para sus operadores es de vital importancia distorsionar la verdad hasta convertirla en una versión muy sesgada de su realidad, lo cual constituye su mejor forma de hacer “su política”. Mentir, distorsionar, endosar sus propios errores a la disidencia democrática, alterar la historia reciente, es la manera como construyen su oferta de redención. Obviamente, para que funcione a la perfección un sistema de control político como este se requiere la imposición de un rígido mecanismo de censura total. De forma tal que la mentira se debe diluir entre los meandros de la versión oficial para que al final pueda configurar la verdad inobjetable y en su ecuación los medios libres e independientes sobran.
Prometieron realizar una revolución democrática sin precedentes en el orbe; y no han hecho más que retrotraer al país a un estado de degradación social, moral y política superada por el resto de países de América Latina hace más de 50 años. No hay forma de justificar como un país poseedor de un ingreso por renta petrolera fabuloso, este en niveles de postración mendigante, con unas reservas operativas mínimas y ridículas. El nivel de incapacidad de sus funcionarios públicos es de tal magnitud, que no hay manera de entender un complejo entarimado burocrático que se expresa en la destrucción deliberada de su capacidad de producir bienes y servicios. Se importa comida y se descompone en los puertos aguardando ser descargada, no hay como movilizarla, y menos distribuirla con algo de equidad entre la población
A mayor incapacidad, es mayor aún la densidad del universo burocrático que trata de justificar ese estado de orwelliana confusión. La salud pública es una colección de calamidades, el sistema educativo una tarea reprobada bajo el signo de la ideologización, la vialidad que interconecta las principales ciudades de la nación es una nueva modalidad de deporte extremo. Las cifras que arroja la situación derivada por la inseguridad, hacen palidecer de envidia cualquier conflicto armado de mediana intensidad, que se libre en cualquier sitio del Medio Oriente, África o países vecinos. A finales de este año se estima que 25 mil compatriotas habrán muerto en hechos violentos de diversa índole, todos asociados a la creciente actividad del hampa común. Hablar sobre eso, discutir el tema, ventilar una discusión sobre estos eventos es un delito contra la patria que ellos simulan construir.
La industria petrolera nacional, alguna vez ejemplo para él resto de los países productores de crudo a nivel mundial, ahora en manos de la administración roja/rojita no es más que una fatalidad inauditable. Las empresas básicas de Guayana no pueden pagar sus respectivas nóminas, se importa gasolina para poder satisfacer la demanda del mercado interno y se maquila a trasnacionales una muy comprometida producción de aluminio. Una porción del estamento militar se ha visto seriamente señalada de estar comprometido en actividades ligadas al narcotráfico y no hay forma de deslindar el grado de su responsabilidad en esos turbios incidentes. El jefe de gobierno los condecora en un acto que vulnera todo orden lógico de disciplina y sentido de cuerpo.
En todos los casos el caos y la confusión prevalecen. Estos eventos quedan registrados por la prensa cada día, algo disimulados por la incoherencia oficial, más no negados. Existen, son la expresión de una modalidad de gobierno que niega toda posibilidad a la convivencia democrática, porque trata de hacer legitimo el desconocimiento de la norma. Maquiavelo, habla de los estados de excepción naturales o provocados, como situaciones contingenciales, mas sin embargo asegura que como política de sobrevivencia es absolutamente válida. En los estados totalitarios siempre se privilegia un estado de excepción permanente. Es la norma, y ahora vemos como a ese carácter de excepción se le endosa la censura como un requisito para su sobrevivencia política, un libreto que ya conocemos.
La vocería oficial invoca un sentimiento de revolución permanente, en el entendido que se libra una desesperada guerra sin armisticio posible contra los intangibles enemigos de la patria. Contra los traidores internos y externos. Una guerra que se alimenta por lo general de argumentos muy infantiles, banales, retorcidos o risibles, porque lo necesario es perpetuar un estado de indefinición y caos perenne. Se trata de una forma de gobierno que se auxilia de la censura total. Me inclino a pensar que enfrentamos un poderoso azar, que sin concierto ni agenda, nos somete a la más insondable anarquía. Funciona y se extiende por la decidida fuerza de los incapaces con iniciativa que constituyen el gobierno, actúan con la fría intención de convertirnos en una colonia del régimen Castrista, y para alcanzarlo, su incapacidad genética los ayuda poderosamente.
No hay lógica posible que permita entender como un gobierno que se dice de los pobres, se convirtió en la mayor fábrica de indigentes del continente después de Haití. Cómo un régimen que proclama la libertad y la democracia, en sus prácticas habituales se convierte en un negador de las libertades individuales. Un gobierno que proclamó una nueva constitución, para violarla reiteradamente. Que desconoce al adversario, lo niega y lo excluye de toda posibilidad de consenso. Que niega las formas habituales y civilizadas de hacer política destruyendo la vida de las principales instituciones de la moderna sociedad.
Lo cierto es que enfrentamos una oferta totalitaria, que trata de desdibujarse en las proclamas de la constitucionalidad. Es también probable, que muchos de sus promotores ignoren el contenido real de su oferta política, y trabajen sin saberlo en la construcción de un gran patíbulo colectivo. El gran dilema para la sociedad venezolana en este momento es el deslinde entre la opción mesiánica totalitaria que ofrece Maduro & Cía. y la construcción de un régimen político moderno.
El gobernante totalitario concibe la ley como una estrategia de gobierno
Un autócrata – y Maduro trata de serlo- es un gobernante arbitrario que dicta leyes sin ningún proceso de consulta o litigio. El gobernante totalitario concibe la ley como una estrategia de gobierno, donde las personas no son juzgadas por las infracciones que puedan cometer, sino por su desapego a los ideales del régimen. No se castigan los delitos comunes, el auge de la delincuencia es notable, pero se persigue con saña todo aquel que disiente. De allí las reservas que genera en el ánimo de los demócratas una solicitud de poderes especiales para gobernar vía decretos presidenciales.
Para cumplir efectivamente con su tarea, la de imponer una régimen cien por cien totalitario, este gobierno necesita liquidar totalmente las posibilidades de vida pública que le resta a los medios de comunicación libres, críticos e independientes. Son las únicas instituciones en pie, que pueden dar cuenta de lo que acontece para denunciar tanta impunidad y tanta incoherencia. Los medios, con todas sus imperfecciones, pueden dirimir entre lo “importante y lo urgente”. Identificar sesgos antidemocráticos en la conducta de los gobernantes. Indagar, esclarecer, criticar, investigar y cuestionar. Es por ello, que la más feroz lucha que se libra en estos momentos es contra ellos.
Si se agota y se liquida ese gran espacio público (representado por los medios de comunicación) en donde se libra diariamente el imperfecto debate que procura entre otras cosas, el equilibrio que sola brinda la pluralidad, es obvio que los hombres que aman vivir la libertad, estamos en serios problemas. Las iniciativas políticas que propenden a limitar el libre flujo de información, son negadoras de toda posibilidad de desarrollo político, social y económico. Podrán invocar las mejores razones para animar su causa, pero el resultado es lo que más importa. En su accionar liquidan toda posibilidad de desarrollo personal y hacen de la idea única una posibilidad tenebrosa.
En la liquidación de los medios de comunicación está concentrado el más grave de los dilemas de este proceso, de sus promotores, y de todos los venezolanos. El de la libertad para hacer nuestra propia política sin tutelas y sin patrocinios oficiales.
La idea, tal como lo percibo al observar la evolución de los acontecimientos, es hacernos espectadores de nuestros propios eventos, pero en esta ocasión sin derecho a voz, ni voto. La presión y censura sobre los medios liquida el mejor escenario para hacer política, en el mejor sentido de la palabra. En la liquidación de los medios de comunicación está concentrado el más grave de los dilemas de este proceso, de sus promotores, y de todos los venezolanos. El de la libertad para hacer nuestra propia política sin tutelas y sin patrocinios oficiales.
Este gobierno dice que en el país se respira la más absoluta libertad de expresión, pero en la práctica constriñe todos los espacios posibles para ejercer el periodismo, Es imposible, con las actuales regulaciones, ejercer el periodismo de manera libre y autónoma; existiendo tal cantidad de regulaciones y obstáculos al ejercicio de la profesión que no podrá haber un reporte equilibrado del accionar político, porque los hombres libres están impedidos de reconocerse en sus propias acciones, al no poder difundir y discutir con propiedad, sus ideas más básicas.
Si se limita la acción política de los ciudadanos a lo que significa política oficial, y como colofón se limitan todos los espacios para la discusión y la pluralidad, incluyendo en forma prioritaria a los medios de comunicación, estamos condenados a una novedosa forma de esclavitud. Para reconocer las razones de nuestra preocupación, bien valdría la pena recordar los elementos fundamentales de la declaración de Chapultepec, de la cual somos adherentes y cuyo texto advierte entre otras cosas que “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
Alfredo Alvarez
Periodista.
@AlfredoKbza
