Unos 5,1 millones de salvadoreños comenzaron a votar este domingo para renovar el Congreso y las alcaldías del país, en unas elecciones en las que está en juego la gobernabilidad para el presidente Salvador Sánchez Cerén.
«Exhortamos a todos los salvadoreños a cumplir con su deber histórico con fervor cívico y patriotismo acudiendo masivamente a ejercer su voto», dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, al inaugurar la jornada.
Detalló que unos 23.000 efectivos de la policía y 14.000 del ejército brindan seguridad en los comicios que por novena ocasión se realizan en El Salvador desde el fin de doce años de guerra civil en 1992.
En total se disputan 84 escaños del Congreso unicameral y los puestos de alcaldes y concejales de los 262 municipios del país.
Como principales contendientes figuran la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), con ligera ventaja para los opositores, según las encuestas.
La votación será clave para el presidente Sánchez Cerén, indican analistas, porque se juega la gobernabilidad para su último año en el poder, que concluye en junio de 2019, y también el apoyo legislativo para combatir la violencia criminal que golpea al país.
Tanto los nuevos diputados como los alcaldes y sus concejos municipales asumirán funciones el 1 de mayo.
«Hay muchos diputados que van a reelección y no han hecho nada por el país, por eso hay que pensar bien (por quién votar), es nuestro futuro en juego», dijo a la AFP la estudiante universitaria Idalia Hernández.
La votación se inició a las 07H00 locales (13H00 GMT) en las 9.422 juntas receptoras de votos y se espera que los primeros resultados se conozcan unas seis horas después del cierre de las urnas a las 17H00 (23H00 GMT), según el TSE.
Tras casi dos meses de campaña electoral, los postes de alumbrado público en las calles de las ciudades lucen repletas de rostros de candidatos.
Gobernabilidad complicada
El resultado de la votación podría complicar la gobernabilidad para Sánchez Cerén, quien ha enfrentado dificultades para dirigir el país.
En el Congreso actual, Arena tiene 35 diputados, el FMLN 31 y otros tres partidos minoritarios suman 18, por lo que el gobierno ha tenido que negociar para llegar a acuerdos y en ocasiones ha sido bloqueado.
El gobierno ha logrado que el Congreso destine fondos para el sostenimiento de programas sociales, como la entrega gratuita de útiles escolares y alimentos en escuelas públicas, que se encuentran entre las iniciativas mejor evaluadas por la población.
Pero Arena ha bloqueado en varias oportunidades la ratificación de préstamos para obras gubernamentales, como en julio de 2017 cuando el país perdió un empréstito de 115 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obras de construcción en la zona costera.
La oposición también obligó al gobierno a bajar los gastos en compras y contrataciones en el presupuesto general de 2018, en una discusión que se extendió hasta inicios de enero.
Para el analista y académico Dagoberto Gutiérrez, la gobernabilidad pasa por que el gobierno tenga «la madurez de negociar, dialogar y no tratar de imponer ante una oposición que muchas veces es caprichosa».
«El gobierno está en su recta final, entonces si quiere terminar bien, debe ser hábil, dialogar, no solo con la Asamblea Legislativa, sino con otras fuerzas vivas de la sociedad», consideró Gutiérrez.
Contra la criminalidad
Pero la gobernabilidad no es lo único en juego para el ejecutivo: también es vital el apoyo desde el Congreso a leyes para el combate a la violencia criminal, en un país que en 2017 registró una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.
Aunque las muertes violentas han disminuido desde 103 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, El Salvador aún figura como una de las naciones sin guerra más violentas del mundo, en gran parte por la presencia de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
El analista y abogado Felix Ulloa recordó que la violencia criminal es uno de los principales problemas para los salvadoreños, y por ello el tema es y seguirá siendo utilizado por la oposición.
«El gobierno no solo debe ofrecer represión como solución, hay que apostar por la prevención, generación de oportunidades para los jóvenes en zonas de riesgo», indicó Ulloa.
Las autoridades señalan a las peligrosas pandillas como las principales responsables de la criminalidad en el país.
