Poco más de 100.000 venezolanos están habilitados para votar en el exterior en las presidenciales del 22 de abril, anunció el poder electoral, pese a que estudios privados cifran en al menos 1,5 millones los potenciales votantes en el extranjero.
«Hemos alcanzado un número de electores venezolanos de 20.482.113», de los cuales «107.284 están inscritos en las representaciones diplomáticas en el exterior», dijo este lunes a periodistas Amelia Alter, directora de la oficina de registro del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La cifra representa apenas 0,5% del nuevo padrón.
Sin embargo, la encuestadora Delphos estima que 10% de los venezolanos en edad de votar vive fuera del país, lo que según sus proyecciones da cuenta de entre 1,5 y 2 millones de personas.
Para inscribirse en el extranjero, el CNE -acusado por la oposición de servir al presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro- estableció como requisito tener residencia legal.
La oposición, que renunció a participar en las presidenciales alegando falta de garantías, exigía que los venezolanos que emigraron en medio de la crisis política y económica pudiesen sufragar en sus países de residencia.
Esa demanda fue planteada en las negociaciones que mantuvieron el gobierno de Maduro y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en República Dominicana hasta el 7 de febrero, cuando fracasaron al no lograrse un acuerdo sobre las condiciones del evento electoral.
La MUD, sin embargo, dejó abierta la puerta a participar si se posterga la fecha de los comicios y logra otras condiciones.
Las votaciones fueron convocadas de manera anticipada (tradicionalmente se realizan en diciembre) por la oficialista Asamblea Constituyente que rige al país con poderes absolutos.
El padrón anunciado este lunes fue resultado de una auditoría en la que intervinieron unos pocos partidos de la veintena que componen la MUD, entre estos Acción Democrática, del veterano parlamentario Henry Ramos Allup.
Dicho registro aglutinaba a 18,9 millones de votantes en las últimas presidenciales, realizadas en 2013 tras la muerte del mandatario Hugo Chávez.
