Yonaide Sánchez, coordinadora de Transparencia en Venezuela en Lara, dio a conocer el informe Transparencia en alcaldías y concejos municipales (2017), en el cual se evaluaron 150 jurisdicciones del país.
Expone que si bien el informe no mide corrupción sí analiza el riesgo de corrupción de las alcaldías y los concejos municipales, indica la debilidad/fortaleza de estas instituciones para proteger los recursos y bienes públicos de la corrupción, visibiliza el control de las instituciones por parte de pequeños grupos, señala lo lejos que están los entes públicos de servir a los ciudadanos y muestra la brecha entre el municipio que debe ser y el que tenemos.
• Se evaluó: formulación y ejecución del presupuesto, licencia de actividades económicas, colocaciones bancarias, contrataciones públicas, permisos de construcción, servicios públicos y policía, ingresos y egresos del recurso humano.
• 95% de las alcaldías quedaron por debajo de 50 puntos, es decir, 143 de 150. El primer lugar lo alcanzó Chacao con 66,40/100 de aprobación. El promedio fue de 15,77/100.
• El estudio se centró también en los concejos municipales. Puntualmente en la existencia del plan estratégico institucional y Plan Operativo Anual, cumplimientos de sus funciones de controlar, legislar y representar a los ciudadanos, identificación de actividades diferentes a las de sus competencia, publicación de sus informes trimestrales, existencia de asambleas de ciudadanos o cabildos abiertos para recoger solicitudes, normas que regulen la participación ciudadana en el proceso legislativo y en las sesiones ordinarias del concejo municipal.
• Los elementos transversales del informe: lucha contra la corrupción, acceso a la información pública, participación ciudadana.
129 de 150 concejos municipales quedaron por debajo de 50 puntos, es decir, el 86%. El primer lugar lo alcanzaron El Hatillo y Sucre (Miranda) con 65/100. El promedio fue de 24,89 /100.
• Los municipios mejor evaluados El Hatillo (65/100), Sucre (65/100), Arístides Bastidas (64,49/100) y Chacao (59,50/100).
• Respectos a las alcaldías el resultado fue: Chacao (66,40/100), Baruta (63,40/100) y Sucre (61,49/100).
Hallazgos en las alcaldías
• 87% no tienen manuales de normas y procedimientos. Alto riesgo de discrecionalidad en la toma de decisiones de los procesos
• Solo 13% de los procesos evaluados tienen políticas y procedimientos claros para el archivo y conservación de expedientes
• 61% no realizó Presupuesto Participativo
• Apenas 16% tiene un canal abierto para denuncias de corrupción
• Solo 17% de la información de los procesos evaluados está disponible al ciudadano y apenas 7% es difundida o publicada en sus portales web, redes sociales o carteleras institucionales
• 66% de las alcaldías evaluadas no ofrece información actualizada y en 76% de los casos la información no es de fácil acceso
• 97% de las alcaldías no tiene incorporada la rendición de cuentas permanente en su gestión. Cumplen mínimos establecidos en la ley: memoria y cuenta anual e informes trimestrales
• Solo 16 de las 150, tienen algunos datos abiertos sin restricciones, en formato editable
• Solo 10% de las alcaldías tiene control interno• De los créditos adicionales que solicitan las alcaldías 85% son para pagos de nómina
Hallazgos en los concejos municipales
• Solo 9% elabora un plan estratégico institucional (PEI)
• 46% no realiza Plan Operativo Anual
• 59% realizan actividades adicionales a sus competencias de controlar, legislar, rendir cuentas y representar a los ciudadanos y promover su participación. Un estimado de 37% de los concejos municipales hacen proselitismo político y 21% hacen actividades relacionadas con el CLAP
• 89% no poseen un canal abierto para recibir denuncias de Corrupción
• 69% no ofrecen información actualizada y en 94 de los casos, 63%, la información no es de fácil acceso.
• Solo 3 concejos municipales de los 150, tienen algunos datos abiertos sin restricciones, entregados en formato editable
• 69% no ofrecen información actualizada y en 63% de los casos, la información no es de fácil acceso
• Solo 3 de los 150, tienen algunos datos abiertos sin restricciones, entregados en formato editable
• 62% no cuentan con metodologías o prácticas de uso habitual para regular la forma de participación del ciudadano en el proceso legislativo
