Reconozco que soy escéptico a esos encuentros políticos de trabajo, y más cuando con osadía le llaman cumbre. Riohacha se convirtió en sede de lo que vulgarmente en Venezuela llamamos: habladera de paja. La propuesta del alcalde encargado Enrique Pugliese Chassaigne por reunir a mandatarios de frontera y atacar el problema migratorio no parece ser más que un lloriqueo político por percibir más plata.
Ocho puntos fueron acordados por el grupo de mandatarios locales, peticiones al Gobierno Nacional como si sobre sus hombros recayera todo el peso de la diáspora venezolana y fuesen las arcas municipales las que matasen el hambre de los inmigrantes.
A mi buen entender los señores políticos olvidaron el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia que explica a detalle las funciones de las alcaldías dentro del sistema jurídico administrativo del país y que asegura que se volverán competentes en temas de interés nacional siempre y cuando el Presidente de la República así notificase.
Es decir, si el Gobierno colombiano trabaja de la mano con organismos internacionales, que de paso son quienes hacen los aportes económicos para abordar la crisis migratoria, ¿cuál es el afán con pedir acompañamiento, apoyo y flexibilización para el acceso a los recursos públicos en nombre de los venezolanos?
Si ciertamente los municipios fronterizos quisiesen ayudar acabarían la odisea burocrática que sufren los venezolanos legales para tramitar documentos. Obligaría a aquellos que venden chacharas en los mercados a vender a igual precio que el comercio colombiano sin importar que no pague impuesto. Promovería incentivos tributarios a empresas que contraten inmigrantes y buscaría que esa población medianamente consiga estabilidad para que abandone los parques y espacios públicos.
Si hay algo que ha promovido la xenofobia es el discurso político de: “no es que sea incompetente, sólo que la plata no alcanza para tanta gente”. Eso se ha colado en el tuétano de los colombianos que se preguntan porque sus gobernantes no han solucionado sus problemas pero sí le solucionan a los de afuera. Hasta me hace creer que como ya no hay guerra a la que echarle la culpa, entonces ahora la excusa son los invasores.
Otra de las banderas que enarbolan los representantes municipales es el tema de inseguridad. Un reporte sobre el estatus de la policía asegura que existen 123 funcionarios por cada 100 mil habitantes en Colombia. El estudio presentado en la televisión nacional asegura que está muy por debajo de la media que deberían ser 357.
Sin embargo, la norma establece que la Policía Nacional será el único órgano rector en materia y será administrado por el Estado colombiano, lo que explica que los gobiernos locales no tienen competencia en el asunto y que su demagogia viene más por costo político.
Entre otro, la Agencia de la Organización para las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha destinado fondos al subsidio de salud de los venezolanos en Colombia, los funcionarios y el sistema sólo ha propinado trabas y obstáculos impidiendo se atienda el indicador humanitario por el que mucha gente cruza la frontera.
Antes bien, desconozco qué territorialidades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, -sólo por mencionar ciudades industrializadas- hayan convocado a una cumbre para discutir cómo les afecta la migración venezolana. Con sólo ponerse a trabajar basta para mantener el orden en casa.
