Las Elecciones Presidenciales convocadas para el domingo 22 de abril de 2018, están diseñadas para que los ciudadanos venezolanos inscritos en el Registro Electoral, no elijan libremente al candidato de su preferencia política para el principal cargo de elección popular en el país, como es el de Presidente de la República, denuncia Súmate.
La ONG menciona como pruebas para afirmar que en las Elecciones Presidenciales del 22A, no hay posibilidad de que resulte electo un candidato diferente al del Ejecutivo Nacional y de su Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), las siguientes:
- El Ejecutivo Nacional ha venido utilizando sin escrúpulos los bienes y los recursos del Estado con el fin de obligar a los electores a votar a su favor, bajo amenaza de perder los beneficios socio-económicos otorgados a través de las diferentes misiones sociales, ahora centralizadas a través del mecanismo de control social denominado “Carnet de la Patria”, que hasta el pasado 15 de enero de este año exhibía como logro el registro de 16 millones 595 mil 140 venezolanos, es decir más de las dos terceras partes de los que hoy están inscritos en el Registro Electoral.
- La ilegalización de los cuatro principales partidos políticos de la oposición Acción Democrática, Movimiento Primero Justicia, Voluntad Popular y de la tarjera de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el 17 de diciembre de 2017 en castigo por no haber participado en las Elecciones express de Alcaldes del 10 de ese mes.
- La convocatoria inconstitucional e ilegal a un nuevo proceso de validación, de las cuatro organizaciones con fines políticos que fueron ilegalizadas por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente el 27 de diciembre de 2017, de la cual sabemos que tanto en su convocatoria como en su elección es fraudulenta, y que únicamente representa a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
- La prohibición al Consejo Nacional Electoral (CNE), de permitir la legalización como partido político de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), por parte de los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ) en sentencia Nº 53, dada a conocer el 25 de enero de 2018, con el fin de impedir su participación en las Elecciones Presidenciales de este año, a sabiendas que fue la tarjeta más votada en las Elecciones Parlamentarias del 06 de diciembre de 2015.
- La inhabilitación de algunos de los principales aspirantes a candidatos al cargo de elección popular de Presidente de la República. Entre ellos están los ciudadanos Henrique Capriles Radonski, ex gobernador del Estado Miranda y dos veces candidato presidencial en 2012 y 2013; y del disidente del sector oficialista General Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior Justicia y Paz y ex director del Sebin, inhabilitado en febrero de 2018 para ejercer cualquier cargo público durante un año, por decisión de esta misma institución del Estado. Con este tipo de decisiones se vulnera el derecho constitucional a elegir y ser elegido, que es uno de los pilares fundamentales de la democracia y del sistema de Gobierno.
- La Convocatoria de las Elecciones Presidenciales para el 22 de abril de 2018 anunciada por el CNE el 07 de febrero; es decir, dos meses y medio antes de su realización, exactamente 75 días, incluyendo tanto el día de la convocatoria como el día de la votación, en clara violación a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), que estipula que la convocatoria, en la que se fija la fecha de elección, debe hacerse “en concordancia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos.” Estos comicios corresponden realizarlos constitucional y legalmente en diciembre de 2018, ya que el nuevo Presidente de la República debe asumir el cargo el 10 de enero de 2019, cuando vence su período de seis años.
- El cronograma de las Elecciones Presidenciales para el 22 de abril de 2018 publicado por el CNE el 08 de febrero de este año, establece 83 actividades para poder realizar estos comicios en 75 días continuos, que en un análisis preliminar se observa que este lapso ni siquiera permite la realización de una actividad por día.
Por estas razones, entre muchas otras, Súmate coincide con el sentir nacional expresado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la mayoría de las organizaciones de la Sociedad Civil del país, entre ellas ONG, Academias, asociaciones gremiales y sindicales, de comerciantes y movimiento estudiantil; de que no hay condiciones que permitan que el voto de los millones de venezolanos inscritos en el Registro Electoral elija libremente en estas Elecciones Presidenciales. Al mismo tiempo, exhorta a todos los venezolanos a unir esfuerzos y seguir en la lucha por recuperar la institucionalidad del voto, derecho consagrado en los artículos 63 y 64 de la Constitución, ya que en cualquier democracia del mundo la solución a cualquier crisis policía, económica y social debería ser la vía electoral.
