Desconocer la legitimidad de la llamada Asamblea Nacional Constituyente, para recortar el mandato popular otorgado por el pueblo a los diputados de la Asamblea Nacional, acordó el Parlamento ante la pretensión anunciada por el Gobierno Nacional de avanzar en el propósito totalitario de controlar todos los poderes públicos a través de un mega simulacro electoral.
A través de un comunicado la AN fija posición en la cual, desconoce la legitimidad de la llamada Asamblea Nacional Constituyente para recortar el mandato popular otorgado por el pueblo venezolano a los Diputados integrantes de esta Asamblea Nacional, quienes de conformidad con el Articulo 192 de la Constitución vigente duraran cinco años en el ejercicio de sus funciones, lo cual solo puede ser modificado a través de una Enmienda Constitucional o de la aprobación de una nueva Constitución; en ambos casos, es el pueblo venezolano quien puede libremente tomar esa decisión.
Señala asimismo, que este intento de golpe al Estado de Derecho tiene entre sus objetivos evadir el control de la Administración Pública Nacional que constitucionalmente le corresponde a esta Asamblea Nacional, y de esa manera, garantizar la impunidad de quienes se han apropiado delincuencialmente del dinero público, lo cual es una de las causas fundamentales de que nuestro pueblo hoy esté pasando hambre, sin conseguir las medicinas, expuesto a una inseguridad personal sin límites, y buena parte de él está huyendo hacia otros países por ser víctimas de la pavorosa crisis humanitaria que se ha generado en la gestión del actual gobierno.
Se indica en el documento, que es evidente el interés del gobierno en evitar que el debate nacional le dé la prioridad que tiene el reconocimiento a la grave situación que está sufriendo el pueblo venezolano, y a la búsqueda de soluciones de fondo que garanticen la mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, y por eso centra su esfuerzo en la confrontación política que le quite visibilidad a la crisis, mientras el oficialismo arma un fraude electoral para satisfacer sus ambiciones de quedarse en el poder, y prolongar en consecuencia las causas de la crisis nacional, que se expresa claramente en los resultados del Estudio – Encuesta de Condiciones de Vida 2017 (ENCOVI), realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, los cuales reflejan que la proporción de los hogares sumergidos en la pobreza aumentó desde 81,8% en 2016 hasta 87% en 2017.
Ratifican que esta Asamblea Nacional defenderá el mandato que el pueblo venezolano le dio a sus integrantes, ejerciendo las atribuciones constitucionales que le corresponden, entre las cuales está la defensa de los derechos hoy pisoteados de los ciudadanos, de quienes somos representantes legítimos. Esta lucha la mantendremos hasta que se restablezca la vigencia efectiva de la Democracia en nuestro país, y el pueblo venezolano en unas elecciones libres y transparentes pueda decidir soberanamente el futuro de nuestra patria en libertad.
Se advierte que adicionalmente, en la convocatoria se pretende incluir la elección de los miembros de los concejos Municipales, también violatoria del ordenamiento legal ya que el legislador con la finalidad de evitar influencias externas que menoscaben la autonomía municipal para elegir a sus representantes, previó en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que la elección de alcaldes y concejales debe ser necesariamente separada de las que deban celebrarse para elegir los órganos del Poder Público Nacional.
Por lo antes expuesto, convocan al pueblo de Venezuela a la defensa de sus derechos constitucionales, y a rechazar el intento de golpe de Estado que contiene el anuncio del Gobierno Nacional de apropiarse de todos los poderes públicos mediante el fraude electoral.
