La amenaza y la persecución al personal que protesta en las empresas del Estado, pretende silenciar la denuncia ante el desconocimiento de los derechos laborales consagrados en la CRBV, leyes laborales y contratos colectivos. A diario suceden manifestaciones que desconoce la opinión pública por la política de terror de encarcelar, incluso a dirigentes sindicales que informen la realidad laboral que extingue al trabajo digno en los entes estatales.
En realidad esta crisis laboral afecta a todos los trabajadores de este país, públicos y privados, desde los profesionales universitarios hasta el obrero de limpieza de cualquier ministerio, ya que siendo el ingreso mensual integrado por el salario mínimo y la cestaticket de 800.000 bolívares, esto traducido en el dólar patrón de la economía en tan solo 4 dólares, es decir 70 % de la población formal solo percibe centavos de la moneda norteamericana para subsistir.
El caso que tratamos de las empresas del estado se agrava, ya que estos trabajadores se han quedado sin voz, ni representantes auténticos que los defiendan. En la mayoría de las empresas estatales los sindicalistas han sido reconvertidos en milicianos obreros, desempeñando cargoscomo tenientes, sargentos, cabos de segunda, abandonando a sus compañeros de trabajo, al libre albedrío del gerente de turno designado desde la presidencia de la república. En otros casos ni siquiera existen sindicatos, ni nada cercano que los represente.
La situación de estos trabajadores les determina denunciar en el anonimato la realidad que padecen. Traemos a colación a los empleados de Petrocasa, empresa creada para elaborar el material de construcción de la Misión Vivienda, a quienes se les ha prohibido conformar sindicatos o convenir contratos colectivos, incluso pretendieron crear un consejo de trabajadores que los representara. Estos denuncian hoy su única reivindicación es el salario mínimo, ya que les fue eliminado el comedor de la empresa.
En esta dimensión se sitúan los trabajadores de Lácteos Los Andes en el estado Lara, donde los trabajadores se atrevieran a protestar por la parálisis del 80% de la producción, la suspensión del contrato colectivo y salarios miserables, fue la excusa para que la gerencia de la empresa procediera a ordenar a los cuerpos policiales, detener a tres miembros de la junta directiva del sindicato.
En esta dirección denuncian igualmente trabajadores de PDVSA de la Costa Oriental del Lago, quienes laboran en las plataformas lacustres, sin alimentación suficiente, transporte deficiente con lanchas en mal estado, con salarios cercanos a los 800.000 bolívares mensuales, se ven obligados a vender sus uniformes de trabajo y botas para alcanzar un ingreso y alimentar a sus familias. Circunstancias que han determinado la estampida de mas de 10.000 petroleros al exterior.
Recientemente pudimos conocer las denuncias de directivos sindicales de Corpoelec, quienes dieran a conocer la falta de mantenimiento y de inversiones al sector eléctrico, como la causa de los continuos apagones y caída del servicio a nivel nacional. Por tal advertencia fueron detenidos los dos sindicalistas de mayor jerarquía en Corpoelec.
En resumen, las directrices de la gerencia pública de estas empresas, es el continuo desmantelamiento del sistema de relaciones de trabajo, para garantizarse el control de la protesta laboral y la precarización laboral de la mano de obra no sólo de este sector, igualmente de trabajadores de ministerios, alcaldías, gobernaciones e institutos autónomos. Siendo éste el dibujo del modelo laboral coercitivo que propugna el régimen para todos los trabajadores de este país.
