Después de dos décadas de resistencia y lucha contra una tiranía populista, corrupta y criminal, finalmente los venezolanos tenemos el apoyo activo y decidido de la democracia mundial.
Las tres facetas del drama venezolano: la catástrofe humanitaria, la violación feroz de los derechos humanos y la instauración de un narco-estado, hacen intolerable para los venezolanos y para el mundo la permanencia de Maduro y sus mafias en el poder.
Venezuela resistió. Se rebeló una y otra vez. El testimonio de los indoblegables, como la Iglesia Católica, universidades, algunos medios masivos y los medios digitales, y de tantos ciudadanos, es admirable. En nuestro camino, el heroísmo tomó rostro: el de Franklin Brito, RCTV, la jueza María Lourdes Afiuni, Rosa Orozco, Juan Pablo Pernalete, Oscar Pérez; centenares de miles de valientes, en su mayoría anónimos, que nunca se rindieron.
Finalmente, la rebelión popular del 2017 acabó con la tolerancia de la comunidad internacional, ante la cruel represión y tortura, transmitidas en tiempo real por las redes sociales y medios internacionales, y por la evidente instauración de un narco-estado que facilitó la penetración de la guerrilla -que ha ocupado casi la mitad del territorio nacional-, y que tiene probados vínculos con el terrorismo islámico. Ante esta realidad, el mundo comprendió que ya no se trata de un problema sólo de Venezuela, y pasó de la preocupación a la acción.
En las últimas seis semanas los hechos hablan claramente: el 22 de enero, el Consejo de la UE aprobó sanciones a 7 funcionarios venezolanos de alto rango; el 23 de enero, el Grupo de Lima declaró que Venezuela va camino a unas elecciones que “carecen de legitimidad y credibilidad”; el 8 de febrero, el Parlamento Europeo aprobó, por abrumadora mayoría, una resolución para extender las medidas sancionatorias contra el régimen venezolano y la petrolera estatal; el 26 de enero, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, planteó incrementar las sanciones a funcionarios del régimen y no limitarlas a individuos, y ese mismo día, Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, declaró que el resultado del fraudulento proceso electoral no sería reconocido, posición que ratificó, Mauricio Macri, Presidente de Argentina, el 27 de enero.
Seguidamente, el 13 de febrero, en reunión extraordinaria del Grupo de Lima, los 14 países miembros declararon su rechazo a la decisión de adelantar comicios presidenciales para el 22 de abril, “que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles”… y reiteran que unas elecciones que no cumplan con estándares internacionales “carecerán de toda legitimidad y credibilidad”.
Ese mismo día, la Canciller de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó que “no vamos a reconocer ningún candidato ni proceso que lleve a que estas personas se presenten ante la ANC, que consideramos ilegítima”.
El 14 de febrero, el Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski anunció que, con el apoyo del Grupo de Lima, se retira la invitación a Maduro a la Cumbre de las Américas, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos denunció “la decisión del CNE de adelantar de manera unilateral las elecciones presidenciales sin garantías que aseguren elecciones libres, justas y validadas internacionalmente”.
El anillo se cierra. La presión crece cada día. La señal externa es inequívoca: por su propio bien, el régimen debe aceptar los términos de una Transición que permita restituir, sin demora, el orden democrático en Venezuela.
Hace 59 años, en su discurso de toma de posesión, Rómulo Betancourt expuso que “los regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranice con respaldo de las políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva (…) internacional.”
Esto iba dirigido a la República Dominicana de Trujillo, y se convirtió en “la doctrina Betancourt”, la cual terminó enfilándose contra la Cuba de Castro. Todo indica que, irónicamente, la comunidad internacional comienza a apelar a la doctrina Betancourt para confrontar a la dictadura venezolana.
Hoy, ante una posición tan firme y clara de la comunidad internacional y de la sociedad venezolana, queda claro que quien decida participar en el fraudulento proceso del 22 de abril, o convalidar cualquier acto de la Constituyente cubana, será considerado como parte del sistema.
Ahora que logramos la acción internacional, es indispensable aplicar la energía y la organización nacional, en una ruta firme. Ello requiere una conducción política que acompañe las urgentes aspiraciones de los venezolanos y que en la hora decisiva, no se quiebre y no se entregue.
Para ello nació la alianza ciudadana Soy Venezuela. En ella nos encontramos los venezolanos que, dentro y fuera de nuestro país, estamos decididos a cumplir el mandato del plebiscito del 16 de julio de 2017.
En la coordinación de estas fuerzas, está la definitiva liberación de Venezuela. Hemos llegado al punto de no retorno.
