Una compañía de Houston demandó el viernes a Rafael Ramírez, expresidente de Petróleos de Venezuela, bajo el argumento de que él estuvo detrás de presuntas exigencias de sobornos por al menos 10 millones de dólares con el fin de autorizar acuerdos para que pudiera vender sus activos en el país sudamericano.
La demanda civil fue presentada en Houston apenas cuatro días después de que un funcionario estadounidense dijo que los fiscales sospechan que Ramírez recibió coimas con relación a una red de corrupción de gran envergadura en PDVSA.
Harvest Natural Resources, la empresa de Houston, alega que desde 2012 se negó a pagar un soborno de 10 millones de dólares exigido por un consultor radicado en Florida que dijo actuar en nombre de Ramírez, en ese entonces presidente de PDVSA y ministro de Petróleo y Minería de Venezuela. La compañía había llegado a un acuerdo para vender su participación en una empresa conjunta con PDVSA a la paraestatal Pertamina de Indonesia.
Harvest afirma que, como resultado de su negativa a pagar el soborno, Ramírez no aprobó la venta y el acuerdo de 725 millones de dólares no se concretó. En la demanda se mencionan reportes de prensa en los que Ramírez dijo, según se le cita, que Venezuela aún estaba analizando la venta propuesta y que «tanto el comprador como el vendedor saben lo que tienen que hacer para obtener la aprobación del gobierno».
Ramírez, que el viernes fue contactado por la AP, declinó comentar sobre la demanda, pero reiteró que nunca pidió sobornos ni desempeñó un papel en la selección de los socios comerciales de PDVSA.
En 2013, afirma Harvest, halló otro comprador, Pluspetrol de Argentina, pero la transacción fue bloqueada una vez más debido a que le exigieron sobornos y se negó a pagar, se argumenta en la demanda. El sucesor de Ramírez como presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, envió una carta a Harvest en la que presuntamente pidió el pago de un «bono» al Ministerio de Petróleo, en ese entonces encabezado por Asdrúbal Chávez, primo del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Del Pino también es demandado en la querella, así como dos hombres que presuntamente actuaron como intermediarios: el consultor de Florida, Juan Mendoza, y un exministro de Petróleo, José Ángel González.
Harvest dice que logró vender sus activos en Venezuela finalmente en 2016 a una cuarta parte del precio original, después de que Ramírez fue retirado de la dirección de PDVSA y se desempeñaba como embajador venezolano ante las Naciones Unidas. Poco después, la empresa estadounidense dejó de cotizar en la bolsa y entró en proceso de liquidación.
«Harvest se apegó a la ley y fue castigada por ello _a un costo de 470 millones de dólares_ mientras que funcionarios extranjeros y empresas menos honorables se llenaban los bolsillos mutuamente», dijo Dane Ball, abogado de Harvest.
En 2016, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición venezolana, denunció que 11.000 millones de dólares desaparecieron de PDVSA en el período de 2004 a 2014 en el que Ramírez estuvo a cargo de la compañía. En 2015, el Departamento del Tesoro estadounidense acusó a un banco en Andorra de lavar unos 2.000 millones de dólares robados a PDVSA.
Por otro lado, Ramírez fue nombrado pero no acusado en un auto de procesamiento dado a conocer en parte el lunes en Houston contra cinco exfuncionarios de PDVSA. En ese encausamiento se argumenta que dos de los individuos acusados les dijeron a empresarios que los sobornos recibidos a cambio de la asignación rápida de contratos y de pagos sería compartido con un alto funcionario venezolano.
Ese funcionario fue identificado solamente como «funcionario B» en la porción del encausamiento que fue dada a conocer. El político venezolano cuyo nombre no fue revelado es Ramírez, le dijo un funcionario estadounidense.
Ramírez también está siendo investigado en una pesquisa penal distinta en Venezuela, acusado de llevarse una tajada en contratos petroleros orquestados por socios suyos, incluido su primo. Del Pino y varios otros funcionarios de PDVSA fueron arrestados en noviembre como parte de la misma investigación.
Ramírez ha dicho que esa pesquisa venezolana es una represalia por su decisión de romper con el presidente Nicolás Maduro, al que ha acusado de arruinar la otrora próspera industria petrolera de Venezuela y abandonar los ideales revolucionarios de Chávez.
