Entre los «Mitos y Realidades de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso Venezuela» destaca el hecho de que el Estatuto de Roma es ley en todo el mundo y no sólo lo debe aplicar la CPI, sino las instancias judiciales de los países.
Así lo indicó este viernes el abogado y profesor de Derecho Internacional Humanitario, Alí Daniels, durante su ponencia en el foro «Corte Penal Internacional y la Aplicación del Estatuto de Roma en Venezuela», que se llevó a cabo en el salón Simón Rodríguez, de la sede administrativa de la Asamblea Nacional (AN).
«Gracias a la iniciativa de la AN podemos informarle a los venezolanos que la CPI está actuando dentro de sus competencias en el caso venezolano. No debe ninguna prerrogativa ni tiene que pedir permiso a alguna institución venezolana para actuar y seguir investigando sobre los delitos tan graves que se cometieron el año pasado», explicó el especialista saliéndole a las afirmaciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab.
Uno de los mitos que se cree, según Daniels, es el concerniente al número de muertes que deben registrarse para calificar un delito. Se dice -precisó- que debe haber un gran número de casos para que la CPI investigue. Eso es falso, la corte ha juzgado en casos de ocho, nueve y hasta diez homicidios.
«Sin embargo, en Venezuela hemos rebasado cualquier cifra dado el número de gente que fallece por violencia y represión. Más de 150 personas resultaron muertas en 2017 en las manifestaciones pacíficas, pese a que no portaban armas», indicó.
Aclaró el especialista que la CPI arrestó, sentenció y confiscó los bienes al vicepresidente de una nación. Se trata del ex vicepresidente de Congo, Jean Pierre Bemba, quien fue hallado culpable de crímenes contra la humanidad perpetrados por su milicia en República Centroafricana entre 2002 y 2003.
«La CPI puede actuar, incluso confiscando bienes, independientemente de que la persona cuente con inmunidad», afirmó.
Daniels calificó este hecho como un gran paso para la justicia. «Si la CPI asume su papel, como efectivamente lo está haciendo en contra del gobierno venezolano, se va a hacer justicia a los cientos de personas que han sido víctimas de represión por parte del Estado», precisó el docente.
Aseguró que sobre los sucesos registrados en las manifestaciones del año pasado existen muchas pruebas, en video y en testimonios, que demuestran un «plan sistemático de represiones en las diferentes urbanizaciones de Caracas y otras áreas del país para ejercer una represión coordinada y eso lo ordenó el presidente de la República. Por eso sobre Maduro pesan denuncias sobre crímenes de lesa humanidad y sobre eso está siendo investigado por la CPI».
Finalmente, Daniels aclaró también que en Venezuela no hay formalmente los requisitos que solicitan los tratados para considerar que hay un conflicto bélico. «Incluyendo la masacre de El Junquito, hay que considerarlos como delitos de lesa humanidad los que pesan sobre Maduro, que también es bastante grave», puntualizó.
