La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, denunció el lunes un «alarmante» deterioro de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
El «debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela» se observa desde 2002, pero en los últimos dos años, y especialmente en 2017, «ha tenido una profundización e intensificación alarmantes», afirma la CIDH en un informe.
El reporte de la CIDH es el tercero en 15 años en señalar un agravamiento de la crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa Venezuela, después de informes en 2003 y 2009, elaborados bajo mandatos del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.
«Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos», dijo el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, al presentar el documento.
El reporte, remitido por la CIDH al Estado venezolano el viernes, incluye 76 recomendaciones a poner en práctica «con máxima urgencia» para recuperar la integralidad de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos.
«Es urgente que el Estado de Venezuela asuma y reconozca la gravedad de la situación, atienda las recomendaciones realizadas en este informe, y acepte los ofrecimientos de cooperación internacional que buscan el bienestar de sus habitantes», agregó, instando al gobierno venezolano a permitir una visita en el terreno de la CIDH.
Además, pidió a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a activar los mecanismos políticos que permitan poder acabar con estas «situaciones catastróficas».
En su informe de 165 páginas, la CIDH se centra en las cuatro «preocupaciones centrales» con relación a Venezuela: un resquebrajamiento de la democracia y «serios obstáculos» para la participación política; un incremento de la represión y la censura; un aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana; y una intensificación de la pobreza y la pobreza extrema.
«Abusos, hambre y migración forzada»
En Venezuela hay un «desprecio por el Estado democrático de Derecho», asegura el reporte, demostrado por una «inobservancia del principio de separación de poderes» y una «usurpación de funciones del Poder Legislativo» por parte del Ejecutivo y el Judicial.
«La Asamblea Nacional (Congreso), democráticamente elegida, ha sido seriamente impedida de ejercer sus funciones constitucionales por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)», subraya la CIDH.
Ante las protestas contra el gobierno de Maduro por esta situación, que entre abril y julio pasado dejaron más de un centenar de muertos y miles de detenciones arbitrarias, la CIDH expresa su «más enérgico rechazo» a la represión estatal.
Además, el reporte da cuenta de violencia sexual, censura, represalias contra disidentes, inseguridad ciudadana, criminalidad, limitaciones a los derechos políticos, desabastecimiento de alimentos y medicinas, desnutrición y carencias sanitarias, en medio de hiperinflación y altos niveles de corrupción e impunidad.
«La crisis existente ha generado que quienes viven en Venezuela enfrenten dificultades inaceptables para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, vivienda, salud y educación», apunta.
En ese sentido, la CIDH subraya su «preocupación por el gran número de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar a otros países de la región en los últimos años».
«Reiteramos que los Estados, principalmente aquellos receptores de la población venezolana desplazada, deben adoptar medidas para evitar la xenofobia y discriminación, dijo Eguiguren.
«Serias represalias»
El informe cuestiona la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) oficialista, creada a instancias de Maduro y que rige con poderes absolutos desde agosto pasado, y pone en duda la idoneidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), por no presentar «las garantías mínimas de independencia e imparcialidad».
La nación petrolera, con la oposición dividida y atravesando una crisis de liderazgo, celebrará el 22 de abril comicios presidenciales anticipados, en los que Maduro aspira a la reelección.
«En Venezuela, quienes disienten con el Gobierno sufren serias represalias, como se constata en las frecuentes detenciones y destituciones a alcaldes, gobernadores, diputados y opositores en general», apunta el informe.
Entre los «casos emblemáticos», la CIDH resaltó los «preocupantes actos» cometidos contra el inhabilitado excandidato presidencial Henrique Capriles, el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que huyó del país, y el líder opositor Leopoldo López, en prisión domiciliaria.
Venezuela se retiró de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2013 y denunció la Carta de la OEA el año pasado. Pero la CIDH tiene jurisdicción sobre el país hasta que se concrete su salida de la organización, en abril de 2019.
