El Presupuesto Nacional 2017, cuyo monto inicial era de Bs. 8.479.300.860.837, resultó inflado al final del período en 484 % a través de 53 créditos adicionales para elevar el presupuesto a Bs. 49.526.524.378.040, aprobados bajo el amparo de los suprapoderes que se otorgó el presidente de la República, Nicolás Maduro.
Así lo dio a conocer la Organización No Gubernamental, Transparencia Venezuela, señalando que el Presupuesto 2017 fue aprobado bajo la figura de decreto-ley por Maduro, en un hecho sin precedentes en la historia republicana del país, que echó por tierra la disposición de rango constitucional que obliga al Ejecutivo a someter la administración de los recursos al control del Parlamento. La violación de la norma fue avalada por el Tribunal Supremo de Justicia.
El Presupuesto de la Nación fue manejado como una materia confidencial tanto por el poder Ejecutivo como por el Judicial. Sin embargo, Transparencia logró en su momento obtener el documento y ponerlo a disposición de la Asamblea Nacional y, en forma amigable, al país.
Al terminó del ejercicio fiscal, esa “planificación” se infló en 484 % y llegó a Bs. 49.526.524.378.040 con 53 créditos adicionales aprobados que se otorgó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de los decretos de Estados de Excepción y Emergencia Económica, aprobados consecutivamente desde enero.
Explica la organización que los créditos adicionales son recursos que deberían aprobarse de manera excepcional, pues le quitan piso jurídico a la ley de presupuesto. Es un mecanismo que lleva a la discrecionalidad e improvisación a la hora de aplicar el gasto público, lo que equivale a que los recursos de todo el país se manejan como si fueran “la caja chica de Miraflores”.
Esos recursos extraordinarios se financian con la emisión de dinero sin respaldo, lo que dispara el proceso hiperinflacionario, evidente hoy en Venezuela. Su aprobación indiscriminada propicia la corrupción e impide la aplicación de sanciones por los obstáculos impuestos al control parlamentario.
Los resultados mostrados en el recién develado Índice de Presupuesto Abierto 2017, que coordina la Sociedad Interamericana Internacional de Presupuesto (IBP-international Budget Partnership) y en la cual participo Transparencia Venezuela, nos coloca en la posición 110 de 115 países, por la marcada opacidad de la administración del dinero público, tendencia contraria a lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.
El Índice demuestra que la indisciplina fiscal en estas casi dos décadas del chavismo no obedece a una incapacidad para planificar los gastos de la Nación, sino a una deliberada manera de estos gobiernos de ocultar cómo gastan el dinero de todos los venezolanos, lo que logran con la acción complaciente de la Contraloría General de la República, señala Transparencia Venezuela.
