En Venezuela hay más de 400 personas tras las rejas por motivos políticos. La mayoría de estos nombres son “desconocidos”, nadie los recuerda, el dolor que sienten día tras día sólo lo conocen sus familiares, hace mucho dejaron de salir en los medios de comunicación y ninguna persona del Gobierno se pronuncia sobre ellos.
Son 237 civiles, 82 militares, 17 políticos, 22 estudiantes, 13 policías y en el grupo hay 31 mujeres.
Están en distintas cárceles del país, la mayoría convive con delincuentes comunes pero hay otro grupo que ni siquiera ve la luz del día, como los detenidos en “La Tumba” del Sebin Plaza Venezuela en Miranda, un recinto carcelario que queda varios metros bajo tierra, donde ensordece el silencio y donde la noción del tiempo está marcada por el paso del tren, que se escucha al amanecer.
Entre los presos políticos hay nueve barquisimetanos: Jimmy Torres, Alexis Díaz, Jesús Alejo, Reymi Martínez, Yonathan Rivera, Jhonny Sandoval, Ronny Granados, Ubaldo Martínez y Gender Rodríguez.
El olvido es peor que la cárcel
Representantes de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) estuvieron este viernes en Barquisimeto como parte de una gira nacional para visibilizar estos rostros y recordarles a los venezolanos que hay personas tras las rejas por estar en contra del régimen.
Rosa Orozco, integrante de JEP, madre de la joven asesinada en 2014 Geraldine Moreno, indicó que la intención es que los venezolanos se vean involucrados con estas familias, los ayuden, mantengan protestas en las calles y se comprometan a apoyarlos hasta lograr su liberación.
Las condiciones de salud de los detenidos están deterioradas, hasta que no los ven en crisis no los llevan a los centros de salud para chequearlos.
-Tienen defectos en los oídos, en la vista, daños en la piel y pulmones principalmente, hay otros más graves.
La crisis alimentaria también los ha afectado. En las cárceles le dan porciones mínimas de comida y sus familiares no tienen los recursos para viajar constantemente hasta donde están recluidos para llevarles los alimentos, aunque lo hacen en la medida de lo posible.
-Lo peor que podemos hacer con un preso político es olvidarlo, no que esté tras las rejas.
Los detenidos tienen acceso a visitas familiares pero por corto tiempo, bajo un control extremo y a los familiares les violan sus derechos fundamentales sometiéndolos a revisiones estrictas.
No hay garantía de elecciones justas
Orozco dice que los políticos venezolanos que están en el exterior son quienes han mantenido el tema en el tapete, llevan informes a las embajadas y exponen la situación ante organismos como la OEA y la Corte Penal Internacional (CPI).
De hecho, la reciente noticia de la CPI sobre la apertura de exámenes preliminares en Venezuela por presuntos crímenes por uso de fuerza excesiva de los cuerpos de seguridad, viene trabajándose desde el año 2014, a raíz de las protestas antigubernamentales.
-A nosotros nos dijeron que estábamos locos, que nadie nos iba a prestar atención pero mucha gente hizo el trabajo, se entregaron los informes de los casos del 2002 y 2014, entre esos el caso de mi hija Geraldine. En octubre del año pasado también se entregó un informe donde estaban todos los casos de los caídos en 2017 y esos fueron tomados en cuenta y sirvieron para que la CPI diera este primer paso.
El tema de la liberación de los presos políticos que era uno de los puntos de negociación entre Gobierno y oposición en las jornadas que se llevaron en República Dominicana, no arrojó ningún resultado concreto.
Ante eso, Orozco dice que insistir en el diálogo con los personajes del Gobierno no vale la pena porque ellos no van a ceder.
Ni ella ni ningún familiar de los presos políticos están de acuerdo con las elecciones presidenciales fijadas para el próximo 22 de abril.
-No estaríamos de acuerdo porque aquí no hay ningún tipo de soporte para elecciones legales y justas. Todos los poderes están secuestrados, el CNE es totalmente parcial, si el Presidente quiere lanzarse que se lance y gane solo, a nivel internacional van a seguir cercando y presionando para salir de esto.
Linda Meléndez, esposa de Jimmy Torres, hoy en Ramo Verde, condenado a 5 años, 3 meses y 10 días de prisión por intentar tomar una fotografía a un grupo de manifestantes, asegura que las elecciones no tienen sentido en este momento.
-Hay venezolanos en una cárcel injustamente, a quienes se les violan sus derechos humanos, no hay legitimidad de poderes, no están dadas las condiciones para ir a elecciones.
Marilú Guevara es mamá del teniente Petter Alexander Moreno, detenido desde el 12 de febrero del 2015, uno del llamado “golpe azul”, sentenciado a 9 años, 8 meses y 21 días de prisión, actualmente en La Pica, Maturín.
Dice que a su hijo se lo llevaron en calidad de testigo, para que señalara a otros, pero él se negó porque no quería responsabilizar a inocentes y entonces a él deciden imputarlo.
-El diálogo fue una excusa para ponerle sello a las elecciones. Si no tuviera un hijo preso, tampoco estaría de acuerdo con las elecciones.
