La organización no gubernamental, Una Ventana por la Libertad (UVL), presentó un informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Centros de Reclusión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, producto del resultado de una investigación realizada en el último trimestre de 2017, sobre las condiciones en estos recintos.
El documento fue dado a conocer por el periodista Javier Ignacio Mayorca, encargado de la investigación, y por el coordinador de UVL, Carlos Nieto Palma, quienes explicaron que para la elaboración del referido informe, fueron revisadas numerosas fuentes documentales, principalmente informes de Memoria y Cuenta del Ministerio de la Defensa y decisiones de los tribunales del país que hacen referencia a algún centro para procesados militares y testimonios de fuentes vivas.
“El mayor cúmulo de información fue aportado por fuentes vivas. En este sentido se llevaron a cabo entrevistas con militares en situación de actividad y también retirados, cuyos nombres generalmente quedarán bajo reserva para evitar posibles represalias. Estas personas forman parte o ejercieron distintos roles en el sistema de justicia militar”, puntualizaron.
Indicaron que también se llevaron a cabo entrevistas con personas que estuvieron detenidas recientemente en cárceles militares y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Igualmente, con familiares y abogados de personas que están tras las rejas en alguna de esas instalaciones.
En todos los casos fue necesaria la generación de lazos de confianza que posibilitaran el conocimiento de ciertos detalles sobre la vida en reclusión.
“El informe hace alusión a humillaciones, castigos y torturas físicas y psicológicas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y a la cotidianidad de los privados de libertad en otras estructuras bajo el cuidado de funcionarios del Ejército y de la Guardia Nacional, que a menudo forman parte integral de unidades de la Fuerza Armada Nacional, cuyas instalaciones han sido habilitadas para recibir a detenidos por delitos comunes y por manifestar contra el Gobierno tales como: 35 Brigada de Policía Militar José de San Martín; Unidades de la Guardia Nacional Bolivariana; los tres centros para procesados militares: el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde y los anexos que sirven como centros para procesados militares en oriente -La Pica, estado Monagas- y occidente -Santa Ana, estado Táchira-“, precisa la investigación.
Fallas en los servicios
De la investigación realizada aseguran que en las cárceles militares, como en las civiles, son crónicas las fallas en los servicios de agua potable y la alimentación es deficiente.
“Esto ocasiona una carga adicional sobre los familiares de los detenidos, quienes se ven obligados a hacer lo posible para cubrir estas deficiencias. En los tres centros para procesados militares la atención médica es inexistente”, denuncian.
Entre las conclusiones del informe destacan que hay denuncias, tanto directas como referenciales, sobre la aplicación de castigos indiscriminados y torturas en los calabozos de la DGCIM de Boleíta en Caracas.
“Desde los golpes concentrados en determinadas partes del cuerpo, la colocación de sacos en la cabeza impregnados con polvillo de bomba lacrimógena hasta la inserción de tachuelas en la parte inferior de las uñas de las manos, los métodos se multiplican con la finalidad de obtener información por medios distintos de la investigación policial.
Las víctimas no cuentan con una estructura de verificación independiente de los daños físicos y psicológicos sufridos por ellos luego de ser sometidos a estas torturas, tal y como lo establece el Protocolo de Estambul”, aseguran los investigadores.
Violación de DDHH
Precisan que mediante la aplicación del entramado militar, el Gobierno fue capaz de aplastar la ola de protestas que se desarrolló entre los meses de abril y julio de 2017.
“Pero ha quedado en la mente de los operadores policiales y militares la noción de que, en determinadas circunstancias, es posible e incluso mandatoria según los estándares del régimen venezolano la violación de los derechos constitucionales de los venezolanos, si esto garantiza la continuidad del Gobierno”, denuncian.
Durante esta investigación también se pudo conocer que, en la actualidad, ese mismo componente de la Fuerza Armada evalúa una reformulación de sus tácticas, a la luz de la creciente conflictividad social ocasionada por el declive económico del país.
“Si en los meses de abril a julio la represión fue justificada contra manifestantes políticamente motivados, la pregunta que gravita en la actualidad es si la respuesta militar será la misma cuando las protestas sean ocasionadas por necesidades sociales insatisfechas”, concluyeron.
