El diputado a la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, calificó como inconstitucional el decreto 425 dictado por la gobernadora Carmen Meléndez.
Destaca que el mismo pudiera paralizar parte importante de la actividad comercial en Lara.
“Alertamos que en la Gobernación del estado Lara se está constituyendo una mafia para controlar el mercado de la chatarra bajo la protección de la gobernadora”.
Palacios expone que con el decreto, que prohíbe a las personas naturales y jurídicas la actividad comercial en el proceso productivo de residuos sólidos metálicos y no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria producto del reciclaje de papel y cartón, echan a la calle a cantidades de personas que forman parte de ese mercado invisible.
Advierte que se paralizará gran parte de los negocios que trabajan con esos productos y residuos.
Asegura el parlamentario que se afectará el trabajo de una mano de obra directa e indirecta de más de 10.000 personas aproximadamente.
“Estas personas no tendrán cómo llevar comida a su casa, sin mencionar la cantidad de desempleados que están saliendo de la gobernación”.
Denunció que la gobernadora promueve el desempleo al echar a la calle a numerosos trabajadores de ese organismo.
“La Gobernadora, en lugar de generar puestos de trabajo, tal como prometió en su campaña electoral, está cerrando las pocas fuentes de empleo, aumentando con estas acciones el hambre y la miseria”.
El secretario general de UNT en Lara exhorta a los perjudicados del decreto 425 a no dar cumplimiento al mismo y a interponer la denuncia correspondiente contra Meléndez ante la Fiscalía del Ministerio Público.
“La gobernadora no tiene facultades para legislar en esta materia. La instamos a que derogue en los próximos ocho días este mamotreto, porque de lo contrario iremos a denunciarla ante el Ministerio Público por abuso de poder y extralimitación de funciones, para que abran el antejuicio de mérito correspondiente por dictar medidas para las cuales no está facultada y solicitaremos la intervención de la Asamblea Nacional”.
Palacios entiende que existe una serie de actos delictivos en torno al aluminio, cobre, hierro y otros minerales que han sido declarados de carácter estratégico, pero considera que el decreto no es la vía para regular y controlar la actividad.
Explica que hay instrumentos y procedimientos que debe realizar el Ejecutivo regional para controlar y dinamizar el mercado del reciclaje de residuos que no se han cumplido y que en todo caso tienen carácter positivo y no de amedrentamiento y abuso de poder.
Finalmente llamó a no afectar a aquellas personas que están laborando en forma honesta para el desarrollo del estado y del país.
Subrayó que alertará a la población afectada de esta maniobra que pretende implementar el gobierno regional con propósitos deleznables.
