La joven venezolana Linda Loaiza López, torturada, mutilada, violada y agredida durante un secuestro de cuatro meses, levanta la voz para luchar contra la impunidad y la violencia de género en su país y para dar a conocer mañana su atroz caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A sus 18 años, el 27 de marzo de 2001, Linda fue secuestrada por un hombre que le propinó golpes de tal intensidad que la tuvieron que operar más de 15 veces y estuvo hospitalizada durante un año para las reconstrucciones en su rostro.
Su caso llegará hoy en una audiencia pública a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), ubicada en San José, como una muestra más de su lucha contra la impunidad de su caso y de las víctimas de violencia sexual y de género en su país y América Latina.
“Siento gran responsabilidad y un compromiso por alzar la voz de muchas mujeres que aún temen realizar sus denuncias y además por esas voces a las que las heridas o los maltratos las llevaron a una tumba y nunca pudieron hablar”, explicó Linda Loaiza.
En su caso específico pide declarar al Estado de Venezuela como responsable por la violación de los derechos humanos, la violación a su integridad personal y de su familia, por la falta de garantías procesales y por la falta de sanción de los delitos de violencia sexual, tortura y homicidio frustrado.
“Fueron casi 4 meses en los cuales durante cada día fui sometida a violencia física, sexual y psicológica”, manifestó Loaiza
En ese tiempo recibió continuas violaciones y torturas que le cercenaron partes de su cuerpo y rostro hasta el punto de ponerla al borde de la muerte.
Informes médicos reseñan que la joven sufrió, entre otras lesiones, fractura de maxilar, destrozos de labios y orejas, rotura de costillas, desviación ocular, cercenamiento de pezones, desgarre vaginal y quemaduras de cigarrillos en casi todo el cuerpo.
Médicos que actuaron como testigos de la acusación, dijeron que no habían tratado lesiones similares ni siquiera en víctimas de accidentes de tránsito.
“El día de mi rescate el agresor me vio totalmente desvalida, sin fuerzas, sin animo, y ese día antes de salir fue el único día que no me amarró. Quedé ahí tirada, ensangrentada, violada, torturada entonces saqué todo lo que tenía, le pedí a Dios mucha fuerza y pude arrastrarme y rodar para llegar a un ventanal y pedir auxilio”, dijo Loaiza, quien ahora tiene 35 años.
El hombre, Luis Carrera Almoina, cumplió una sentencia de seis años y un mes de prisión dictada en 2006 por el delito de lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad, pero fue absuelto del delito de violación sexual, homicidio frustrado y tortura.
Anteriormente, en el 2004 también se dio una sentencia absolutoria por duda razonable.
“El proceso ha sido tedioso, trágico, ha sido mucho sufrimiento al que he estado sometida todo este tiempo y mi familia también, mis padres y hermanas, mis proyectos iniciales de vida fueron truncados”, afirmó Loaiza.
La joven indicó que durante este tiempo ha estado “sometida” a un sistema judicial “discriminatorio y patriarcal”, en donde el Estado venezolano buscaba las pruebas de la inocencia del sujeto, quien era hijo de un alto funcionario académico.
“Es el hijo del rector de la Universidad Nacional Abierta. En ese momento, él estaba relacionado a un grupo de familias de intelectuales y escritores y todo el sistema se orquestó para que la impunidad estuviera allí”, relató Loaiza
Según datos brindados el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Informe Anual del Ministerio Publico de Venezuela del 2014 reveló que de las 70.763 denuncias de violencia contra la mujer, solo el 0,7 por ciento ha llegado a juicio.
“Tengo heridas irreparables, tengo mucho dolor y mucha tristeza de que otras mujeres puedan pasar por esta tragedia. Lo que yo sufrí es una realidad que aún siguen viviendo las mujeres venezolanas”, destacó Linda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó en un informe que el Estado de Venezuela incumplió con su obligación de investigar con la debida diligencia y que la víctima no contó con un acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
