Un año exactamente se cumple hoy. Las dudas, el dolor y el miedo siguen intacto para los familiares de Héctor José León Peralta (27), Edwin Ramón Martínez León (27) y Yeison José Angulo Urriola (23), padres de familia y agricultores que el 4 de febrero del 2017 fueron raptados, asesinados y posteriormente quemados dentro del vehículo en el que se trasladaban, en el caserío Mocundo, municipio Jiménez, del estado Lara.
La familia quedó marcada por este monstruoso crimen, siempre confiando en Dios y en las autoridades, aunque confiesan que eran pocas las esperanzas que tenían, creían que no se iban a encontrar los culpables, pues las pistas al principio eran pocas.
“No fue tarea fácil. En el pueblo de San Miguel que era donde existía la mayor cantidad de testigos de como fueron raptadas las víctimas, preferían guardar silencio, pero con el pasar de los días comenzaron aparecer las informaciones referentes a los tres jóvenes asesinados.
Se entrevistaron personas que dijeron mucho, otras que dijeron poco, algunas que fueron citadas nuevamente porque tenían pistas que no aportaron en un primer momento”, parte de lo comentado por el Cicpc en aquel momento.
Fueron aproximadamente 18 sabuesos pertenecientes al grupo del Oeste del Eje de Homicidios quienes se encargaron del caso y tras un mes de indagaciones lograron identificar a los autores del crimen como: Oficial Vanessa Alejandra Pire Yaguas (23), el inspector jefe Walter Leroy Álvarez Lugo, el oficial agregado Alexis José Colmenárez Méndez y los oficiales Jhonfer Alexander Valera Perozo, Lenin José Querales de Fréitez, Fernando Antonio Ballester Sánchez y Balbino Yohan García Hurtado, quienes forman parte de las filas de Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Aunque ha pasado un año, aún les da temor identificarse, manifiestan que es gente de poder quien está de por medio, aseguran que aún cuando se saben los nombres de quienes cometieron el crimen, siguen prófugos de la justicia.
“Sabemos que el Cicpc de Barquisimeto hizo mucho, investigaron, supieron que esta comisión de PNB llegó a Quíbor el viernes y hasta se hospedaron en un hotel, el cual fue pagado por una persona que los contrató, esa persona además tiene mucho poder aquí en el pueblo; a pesar de eso, los funcionarios con todas las pruebas que consiguieron solicitaron su orden de captura, pero desde la Fiscalía Sexta nunca se la quisieron aprobar y ese hombre anda en el pueblo como si nada”, asegura uno de los familiares.
Comentan que los criminales hoy escapan de la justicia legal, pero saben que de la de Dios no podrán.
En este caso hubo una sola detención y fue la de la oficial Vanessa Alejandra Pire Yaguas (23), a quien la detuvieron trabajando en el puesto de la PNB del norte de la ciudad, ella en sus manos cargaba el teléfono de uno de los fallecidos. Una vez que fue presentada ante los tribunales larenses fue privada de su libertad, a los funcionarios del Cicpc tan solo indicaba que el jefe de la comisión que era Leroy Álvarez, habría dado la orden de ejecutar a los tres jóvenes, aceptó que les habrían pagado por ello.
Posteriormente, ante el Ministerio Público y a los sabuesos aportó otros detalles, eran pruebas con las que podían detener al autor intelectual, pero quedó en nada. A la oficial le fue otorgada una medida de casa por cárcel, bajo la excusa de que pasó a ser testigo protegido de la fiscalía, pero hasta ahora siguen en la calle los siete PNB actuantes y no existen una orden contra el financista y actor intelectual del triple homicidio.
Familiares de las víctimas desean que autoridades a nivel nacional actúen, pues la impunidad les causa más dolor de lo ya vivido por la pérdida de los tres agricultores. “Ninguno ha podido superar este hecho, que para nosotros se convirtió en una pesadilla”.
