Andrés Colmenárez, representante de Funpaz, aprovechó su salida del país para reunirse con Ángela Garzón, una de las concejales del cabildo de Bogotá, asimismo, logró reunirse con la periodista Angélica Cuevas, de una importante ong de Derechos Humanos.
De igual manera sostuvo reuniones en Fundacolven, encargada de las experiencias migratorias y el movimiento Gran Acuerdo Venezuela, que aglutina a ciudadanos y políticos que trabajan por la recuperación de la democracia venezolana.
La Defensoría del Pueblo fue otra de las instancias que recibió al activista por los derechos humanos, donde consignó el Balance de los DDHH en Venezuela en 2017.
Dos magistrados del TSJ designado por la Asamblea Nacional, Rafael Ortega y José Luis Rodríguez, también recibieron al barquisimetano. Destacó que en el vecino país hay siete magistrados en el exilio.
Fue en la Secretaría Distrital de Gobierno donde Colmenárez presentó el informe 2017, como el año en el cual se consolidó la dictadura en Venezuela.
“Hemos tenido muy buena receptividad en los medios de comunicación y en la sociedad civil”, apuntó.
En cuanto al informe presentado, el mismo recoge las incidencias ocurridas en el marco de las protestas ciudadanas que se desarrollaron entre abril y agosto del año pasado.
“En 2017 fueron asesinadas al menos 160 personas en el marco de manifestaciones, la mayoría de carácter pacífico, por acción de funcionarios del estado o de civiles armados.
Con el Plan Zamora se exacerbó la represión y la violencia en las manifestaciones. Tan solo entre el 1º de abril y el 13 de agosto se registraron 163 muertes en todo el país. Uno de los días más críticos fue el 30 de julio, fecha de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuando fueron asesinados 16 manifestantes. Las muertes se reportaron en 14 estados del país. Caracas, Miranda, Lara y Carabobo concentran el mayor número de víctimas”.
Funpaz ha recibido múltiples denuncias desde los años 2014 al 2017, que indican que miembros de las fuerzas de seguridad venezolana, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ha golpeado a manifestantes que no estaban armados desde el comienzo de las manifestaciones pacíficas.
La ong también constató y registró personas con heridas de perdigones en ocasiones, tratándose no de manifestantes, sino de transeúntes que viven o trabajan cerca de los sitios donde se desarrollaron enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del estado y manifestantes.
“Algunos casos son de manifestantes heridos con metras lanzadas desde escopetas de Airsoft, según cuentan algunos relatos conocidos por nuestra organización”.
Expone el informe que en el estado Lara, desde el mes de abril, decenas de miles de personas salieron a las calles en Venezuela en repudio al intento del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional.
Las manifestaciones se multiplicaron rápidamente por todo el país y siguieron durante meses, alimentadas por el descontento generalizado con las prácticas autoritarias del presidente Nicolás Maduro y la crisis humanitaria que ha devastado al país durante su mandato.
“El gobierno respondió con actos generalizados de violencia y brutalidad contra manifestantes críticos del gobierno y personas detenidas, y ha negado a los detenidos sus derechos al debido proceso”.
Señala que es improbable que un opositor acusado de algún delito reciba un juicio justo actualmente en Venezuela, debido a la ausencia absoluta de independencia judicial en el país.
Durante el período analizado en este informe, las fuerzas de seguridad venezolanas (incluida la GNB, la PNB y fuerzas de policías estatales) recurrieron sistemáticamente a la fuerza excesiva para dispersar manifestaciones contra el gobierno, a menudo en situaciones en las cuales el uso de la fuerza no parecía estar justificado en absoluto.
En ocasiones, los “colectivos armados” actuaron conjuntamente con las fuerzas de seguridad venezolanas para reprimir manifestaciones.
El informe concluye que desde principios de abril del año 2017 más de 5.400 personas han sido detenidas en Venezuela en el contexto de manifestaciones multitudinarias contra el gobierno.
Más de 757 civiles han sido juzgados por tribunales militares desde principios de abril, pese a que existen normas claras en el derecho internacional que prohíben este tipo de procesos.
“El gobierno se pone de espalda a convenios que el país está obligado a respetar y hace caso omiso a pronunciamientos que han emitido organizaciones de derechos humanos sobre el tema”.
