La decisión de Nicolás Madura y su Asamblea Constituyente a la cubana, de convocar a elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre del presente año, no sólo rompe la posibilidad de llegar a algunos acuerdos en la reunión programada para continuar realizándose en la República Dominicana, sino que en el fondo constituye un desafío a la oposición venezolana y a la comunidad democrática internacional, porque desconoce la mediación de los cancilleres de los países que han venido actuando como colaboradores para promover una salida pacífica, democrática y electoral a la crisis que atraviesa nuestro país.
Acorralado por las presiones internacionales, que en defensa de varios tratados multilaterales contra la violación de los Derechos Humanos, del combate a la corrupción administrativa, al narcotráfico y al lavado de dinero, Nicolás Maduro se vio obligado a salir en defensa de sus más altos colaboradores, sancionados por los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, cuyos tribunales han levantado expedientes en los que demuestran vínculos de dichos funcionarios con delitos que no prescriben, por su naturaleza criminal, que afectan a la sociedad mundial y amenazan a todos los países democráticos.
El desafío a todo el sistema democrático tanto nacional como internacional, puede ser el mayor error histórico que cometa Nicolás Maduro, que lo conduzca a la derrota que trata de evitar convocando a unas elecciones al margen de la Constitución Nacional, sin condiciones de transparencia y con la finalidad de permanecer en poder, utilizando incluso el fraude electoral, para lo cual cuenta con un CNE dependiendo del Ejecutivo.
Aún cuando no se modifiquen las condiciones creadas por el gobierno para la realización de las elecciones presidenciales, las puede perder frente a una oposición unida, con un candidato aprobado por consenso o en primarias, que bien puede aglutinar a más del 70% de los electores que rechazan a un régimen que ha propiciado la ruina económica del país, generando como consecuencia el hambre que sufren los más pobres, el desempleo, la escasez y el alto costo de la vida, más la inseguridad de las personas y los bienes. Un intento de fraude frente a una alta votación de la oposición, puede provocar la ruptura de los poderes que sostienen al gobierno, lo que lo obligaría entregar el poder, en cuyo proceso se respeten los derechos de los derrotados y no haya venganza política, sino justicia constitucional.
Y algo tanto o más grave para Maduro y sus aliados en la cúspide del poder, si tratan de alzarse contra unos resultados adversos, es el desconocimiento de su régimen por parte de la comunidad internacional democrática, y sobre todo por la intensificación del aislamiento que le provocarían y la multiplicación de las sanciones, cuyos límites nadie puede prever, sin que se conozcan la dinámica del conflicto que se generaría y sus verdaderos alcances.
Finalmente, y aunque la comunidad internacional democrática desconoce el llamado a elecciones, por las informaciones que circulan en los medios políticos, a la hora de escribir este artículo, lo más factible es que la oposición unida con un solo candidato, acepte el desafío y trate de vencer la mayoría de los obstáculos que le ponga el oficialismo en el camino, y confiada en el poder del soberano que se exprese en las urnas y el apoyo internacional, se disponga a defender la victoria hasta el final.
El gran desafío
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