Tratos crueles e inhumanos, amenazas de muertes y allanamientos sin orden judicial continúan presentes cuatro días después del ajusticiamiento de siete ciudadanos que mostraron su desacuerdo a las políticas del presidente Nicolás Maduro.
La Comisión de la Asamblea Nacional (AN) que investiga el caso del expolicía científico, Oscar Pérez, y acompañantes, tomó, de manera confidencial, denuncias de familiares y amigos que estarían recibiendo amenazas por parte de funcionarios del Estado, bien sea para intimidar o conseguir supuestas armas que estarían en manos del grupo que se rebeló ante el Gobierno.
“Estamos hablando de civiles que están siendo torturados en cárceles políticas, que han sido allanadas sus casas. Son amigos, familiares y vecinos de los que resultaron víctimas en la masacre de El Junquito. No vamos a permitir testimonios falsos a partir de la tortura”, dijo la diputada Adriana Pichardo, quien refirió que luego del operativo se han producido al menos 12 allanamientos, entre Distrito Capital, Zulia y Táchira, lugares de nacimiento de los fallecidos.
La madre de José Antonio Pérez Cisneros, Zoraida Cisneros, supo que el domingo 14 de enero, su hijo se encontraba en libertad por unos videos durante la procesión de la Divina Pastora.
Conoció de su detención por la declaración que ofreció el ministro Néstor Reverol. El martes 16, en horas de la madrugada, allanaron su residencia en Oritopo, municipio El Hatillo (Gran Caracas), golpeando y torturando al hermano del fallecido, Dany Cisneros, en presencia de su niño de 3 años a quien le introdujeron un arma en su boca para que informaran dónde estaban unos supuestos dólares y fusiles. La tortura, dice Juan Miguel Matheus, tiene un tratamiento especial y por un caso probado, el Estado tiene la obligación de castigar, de lo contrario, se activa una jurisdicción universal en la que cualquier Estado que también haya suscrito el tratado puede demandar y castigar al que haya incurrido en esta violación a los DDHH. Aunque el ministro Reverol ha informado que está privado de libertad, su madre ha acudido ante Fiscalía para conocer el paradero y la fecha de presentación ante los tribunales, y no ha obtenido respuesta.
Solórzano aseguró que tras esta denuncia y por los días que han transcurrido desde su supuesta privativa, podría considerarse que Pérez Cisneros estaría bajo la figura de desaparición forzosa, ya que no ha tenido ningún tipo de comunicación con sus familiares.
Especificó que incluso, los familiares directos han recibido amenazas pues se les exigió que firmaran un documento que certificara el reconocimiento del cadáver, cuando el trámite se dio en horas de la noche de este jueves.
Le recordó a los entes del Estado que tales procedimientos son violatorios de ley por cuanto la responsabilidad penal es individual, es decir, los delitos que pudieron haber cometido Pérez y su grupo no son transferibles a sus familiares o amigos. “Están atacando al núcleo familiar, lo cual es ilegal”, sentenció.
No los dejaron tocar
En horas de la noche del jueves, familiares pudieron reconocer a sus dolientes solo a través del rostro y sin poder tocarlos. Fueron escoltados por un viceministro de Interior y Justicia, con la ausencia de la Fiscalía Militar.
El director general de la Morgue de Bello Monte, Coronel Domingo García, en respuesta a solicitud de la AN, aseguró que el Fiscal militar 9no de Caracas, mayor Luis Marval Flores, está a cargo del caso, y que la fémina que murió en el operativo no estaba embarazada, como había trascendido.
