Tajantemente claro se expresaron los exjefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), con relación al crimen ejecutado por el gobierno de Nicolás Maduro contra Oscar Pérez y el grupo de personas que lo acompañaba, en una vivienda del sector El Junquito en Caracas, el 15 de enero de 2018.
Mediante un comunicado enviado a la redacción del diario EL ELIMPULSO, por Asdrúbal Aguiar, se “condenan los crímenes de la dictadura de Nicolás Madruo”, y el mismo tiene el respaldado de Oscar Arias, Costa Rica; José María Aznar, España; Nicolás Ardito Barletta, Panamá; Belisario Betancur, Colombia; Felipe Calderón, México; Rafael Ángel Calderón, Costa Rica; Laura Chinchilla, Costa Rica; Alfredo Cristiani, El Salvador; Fernando de la Rúa, Argentina; Vicente Fox, México; César Gaviria T., Colombia; Lucio Gutiérrez, Ecuador; Osvaldo Hurtado, Ecuador; Luis Alberto Lacalle, Uruguay; Jamil Mahuad, Ecuador; Mireya Moscoso, Panamá; Andrés Pastrana, Colombia; Jorge Tuto Quiroga, Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica; Julio María Sanguinetti, Uruguay; Álvaro Uribe, Colombia y Juan Carlos Wasmosy, Paraguay.
En el texto manifiestan la consternación y la más severa condena a la dictadura de Nicolás Maduro Moros en Venezuela, luego de saber, por vía pública y notoria, de las ejecuciones sumarias y extrajudiciales practicadas por fuerzas militares y paramilitares bajo su mando, con el asentimiento expreso de prominentes colaboradores de su régimen, el pasado día 15 de enero.
Reprochan que hbiendo expresado las víctimas, presuntos funcionarios policiales o ex-policiales, incluidos civiles, tal y como se constata de las grabaciones que han circulado a través de la prensa internacional acreditada, su clara disposición de entregarse en manos de sus captores, funcionarios del régimen y militantes armados a su servicio, antes bien y bajo señaladas instrucciones superiores ordenaron la masacre de aquéllos, incluido el uso – visualmente demostrado – de explosivos dirigidos a la vivienda que los cobijaba.
Exponen, que es necesario señalar que estos hechos de grave entidad y atentatorios contra los más elementales principios de humanidad ocurren dentro de un contexto de profundización del totalitarismo dictatorial y su violencia contra la población; que se concreta en la crisis humanitaria, en la hambruna generalizada que es de notorio conocimiento por la comunidad internacional y la resistencia del régimen a dejarse ayudar para solventarla.
También, en la muerte de 134 personas en el contexto de las protestas y manifestaciones que son su consecuencia, ocurridas el pasado año; sin dejarse de mencionar la prisión política de opositores en número de 818, aparte de ocurrir 5.511 arrestos por igual motivo durante el período señalado. Cortas e insignificantes son, al efecto, las liberaciones que por cuentagotas ordena la dictadura, para aminorar la presión internacional sobre ella.
Determina que los crímenes de Estado, que en eso consisten los hechos que hoy se deploran y escandalizan al mundo, reclaman se recuerde lo que es doctrina democrática pacífica en la región, a saber, que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Por último, exhortaron a una apelación directa a los organismos internacionales responsables de la garantía de la democracia y los derechos humanos, para que hagan valer su voz y actuación en esta hora que llena de horror y tristeza, como de miedo e impotencia al pueblo venezolano sujeto a secuestro.
