La represión de manifestaciones opositoras multitudinarias en Venezuela, el aumento en Estados Unidos de las detenciones de inmigrantes sin autorización ni antecedentes criminales para deportarlos y el mayor número de homicidios en México en las últimas dos décadas marcaron un retroceso en el respeto a los derechos humanos en 2017 en el continente americano, señaló el jueves la organización Human Rights Watch (HRW).
«El registro es negativo», dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, al presentar el informe anual de la organización con sede en Nueva York. «Fue un año de retrocesos».
Vivanco consideró que lo sucedido en 2017 «nos hace perder décadas en las que se lograron compromisos colectivos en defensa de derechos humanos».
En Venezuela, por ejemplo, dijo que la organización percibe una tendencia dictatorial del presidente Nicolás Maduro y subrayó la importancia de la presión internacional para revertir la situación.
Dijo que espera que alguno de los 12 países americanos que integran el llamado Grupo de Lima y que ha sido crítico de Maduro, solicite a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la nación sudamericana.
En relación a Estados Unidos, Vivanco indicó que las políticas migratorias del presidente Donald Trump con frecuencia atentan contra el debido proceso de los detenidos y vulneran el derecho a la unidad familiar, por lo que llamó al Congreso a aprobar leyes que protejan los derechos fundamentales para los inmigrantes.
El director de HRW, Kenneth Roth, responsabilizó a Trump de haber promovido la intolerancia durante su primer año de gestión, lo que a su juicio anima a gobiernos represivos de todo el planeta.
«Ha roto todos los tabúes contra el racismo, la misoginia, la xenofobia», dijo.
Vivanco describió como «cifras escandalosas» los más de 23.000 homicidios registrados en México durante los últimos 11 meses, convirtiendo al 2017 en el año más violento de ese país en las últimas dos décadas.
Las víctimas incluyeron 12 periodistas asesinados, lo que puso a México junto a Siria como los países más peligrosos del orbe para los comunicadores sociales.
El informe indicó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha conseguido escasos avances para juzgar abusos graves en el marco de la lucha contra el crimen organizado, tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
Vivanco se refirió a algunos progresos alcanzados en Colombia tras el acuerdo de paz con las FARC, como un descenso sustancial en la cantidad de desplazamientos forzados y homicidios vinculados al conflicto armado.
Pero al mismo tiempo destacó un aumento sostenido en los homicidios de activistas y derechos humanos y responsabilizó a las autoridades colombianas de no investigar debidamente la responsabilidad de altos funcionarios militares con matanzas de civiles a los que se calificó falsamente de rebeldes izquierdistas muertos en combate.
