Más de 48 horas han transcurrido de un procedimiento oscuro y violador de los derechos humanos, que acabó con la vida de nueve personas: seis de ellas relacionadas con el ex Cicpc Oscar Pérez, calificado por el Gobierno nacional de terrorista.
Este miércoles, la Asamblea Nacional instaló una Comisión Especial para atender el caso, tomar pruebas y testimonios de los familiares de quienes fueron “ajusticiados”. La madre de Abraham Agostini, pidió justicia, transparencia y reivindicación del nombre de su hijo. Narró que durante el operativo, Agostini le envió tres audios en donde le informaba que se encontraba herido y dirigía mensajes a demás familiares.
“Yo le pregunté, hijo hasta dónde estás herido, pero no recibí ninguna respuesta (…) Él no veía esto bien, le daba pena ajena e impotencia el miedo que sentía el pueblo. Me dijo que si tenía que dejar su vida por la lucha de su país, lo haría”, agregó al tiempo que aclaró que no conocía el paradero de su hijo, sino hasta el último audio que recibió.
Al presidente Nicolás Maduro exigió con “todo mi dolor” que deje de obstruir el camino y entregue el cuerpo de su familiar.
Lo propio sostuvo la hija mayor, de 17 años, de José Díaz (ex dgcim), el más cercano a Pérez. Desde el Palacio de Justicia y bastante afligida, pidió que dejen ver a su padre por última vez, antes de que el cuerpo se descomponga. “Me parece injusto que no quieran entregar los cuerpos. Yo quiero hacer lo mismo que la familia de Heyker (colectivo), verlo y velarlo”, expresó con lágrimas en su rostro.
A la morgue de Bello Monte, en horas de la tarde, llegó la tía de Oscar Pérez, Aura Pérez, para reconocer el cuerpo. La madre, a través de Twitter, exigió que hagan la entrega del cuerpo para que su hijo reciba “cristiana sepultura. Si no lo entregan, para mí estará vivo”, aseguró.
Al lugar también se acercó parte de la Comisión de diputados. Adriana Pichardo, informó que mantuvo comunicación con autoridades de la morgue y permitieron el acceso a familiares de los hermanos Lugo, Díaz, Pérez y Agostini, para que los reconocieran.
Es importante recordar que los cuerpos están a cargo de un tribunal militar, el cual no ha autorizado las respectivas entregas. Delsa Solórzano afirmó que las violaciones a los ddhh son de carácter civil, por lo tanto, deben ser tratadas en tribunales ordinarios.
La autoridad habría asegurado que no serían cremados, como circuló recientemente. Además, el cadáver de Heyker Vásquez (colectivo y funcionario de la PNB) fue entregado sin mayor contratiempo porque la Fiscalía no solicitó ninguna “investigación”.
Los familiares hasta la fecha han manifestado su rechazo hacia el sistema de justicia del país, bien sea porque no devuelve a quienes fueron asesinados o porque es excluyente y está viciado. Solo ponen su confianza en Dios.
El Foro Penal emitió un comunicado en el cual aseguran que el uso de armas de guerra, como lanzacohetes RPG-7, contra ciudadanos que habían manifestado su intención de deponer las armas y entregarse, constituye un grave delito y violación a los DDHH.
En todo caso, la Comisión de la AN citó a los ministros Néstor Reverol y Vladimir Padrino López, así como también al mayor Rafael Bastardo, coordinador del operativo; director de la PNB, general de brigada Carlos Pérez Ampueda; Iván Hernández, director del Dgcim; al mayor general Ramón Pimentel y por último a Freddy Bernal. Defensoría y Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía también deberán rendir cuentas sobre los mecanismos activos para la defensa de los ddhh.
