Las autoridades venezolanas mantienen bajo custodia en una morgue capitalina los cuerpos del expolicía rebelde Oscar Pérez y otras seis personas que perecieron a inicios de semana durante una operación en la que ese grupo fue fulminado por policías y guardias nacionales.
La muerte de Pérez y sus acompañantes, luego de que los organismos de seguridad dieran con su escondite en un barrio pobre de Caracas, generó denuncias por parte de organizaciones humanitarias y opositores, que acusaron a las autoridades por presuntamente haber ejecutado extrajudicialmente a ese grupo.
El congresista Winston Flores, uno de los miembros de la comisión parlamentaria que investiga el caso y que se encontraba en los alrededores de la morgue, confirmó el miércoles que los cuerpos de las víctimas se mantenían bajo resguardo de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades no han informado hasta el momento por qué se ha demorado la entrega de los cuerpos a sus familiares.
Una tía de Pérez y otros familiares de los fallecidos acudieron el miércoles a la morgue capitalina, que por segundo día consecutivo fue tomada por decenas de guardias nacionales.
Aminta Pérez, madre del expolicía rebelde, exigió que le entreguen a su hijo fallecido. En un mensaje difundido en las redes sociales señaló que quiere darle cristina sepultura y que si no se lo daban, entonces, «para mí está vivo».
«Les pido encarecidamente, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que a mi hijo se le haga justicia», afirmó Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini, uno de los fallecidos en el enfrentamiento armado, durante un encuentro con congresistas opositores que investigan el caso. «Les pido que se limpie el nombre de mi hijo porque él no era ningún asesino, ni ningún terrorista. El sitió el dolor, el hambre, la escasez de este pueblo», agregó.
Durante un acto con militares, el presidente Nicolás Maduro expresó su reconocimiento a las decenas de militares y policías que participaron en la operación de desmantelamiento del grupo rebelde y acusó a grupos opositores en Miami y la «oligarquía colombiana» de financiar grupos terroristas en Venezuela.
Expresó en un comunicado que las «ejecuciones extrajudiciales, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y la desaparición forzada de personas configuran, dentro del Derecho Internacional, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles».
