Félix Velásquez volvió a su casa con las manos vacías luego de recorrer cuatro supermercados, una semana después de que el gobierno de Venezuela obligara a empresarios a bajar precios en un escenario de hiperinflación desbocada y múltiples protestas por comida.
«Vine a aventurar a ver qué productos llegan. La rebaja de precios fue una cortina de humo, no sirvió de nada», contó a la AFP el carpintero de 64 años, mientras hacía fila en un abasto en el este de Caracas.
Pasillos solitarios y anaqueles desnudos reciben a compradores. En las refrigeradoras quedan algunas bandejas con cerdo y jamón. Vegetales como la cebolla y la zanahoria, muy usados en la cocina venezolana, escasean. Tampoco hay legumbres.
Con golosinas, agua mineral, condimentos y envases plásticos se busca disimular hileras de estantes vacíos.
En los supermercados la situación «ha colapsado del año pasado para acá», relató a la AFP un empleado que trabaja desde hace 13 años en la panadería de una de las cadenas más grandes de Caracas.
Al igual que los clientes, aseguró, compite por los pocos productos que llegan. «Hoy nos vendieron dos kilos de azúcar». Desde diciembre no despachan arroz, harina de maíz, ni pasta, enumeró.
«No hay comida»
El pasado fin de semana cientos de compradores se aglomeraron tras la baja de precios ordenada por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) a unos 200 supermercados, argumentando que especulan con los productos.
Alejandra Hidalgo, estudiante de odontología de 21 años, se negó a estar en la multitud que luchó entre empujones por las rebajas. «No estoy de acuerdo con eso, hoy vine y no hay nada, solo encontré huevos».
La decisión de la Sundee causa «pánico» y «dudas de cómo reponer inventarios si las reglas no están claras», indicó a la AFP la economista Tamara Herrera.
«La gente está muerta de hambre, no hay comida», se quejó Félix, quien debe estirar un salario mínimo de 797.510 bolívares (238 dólares a la tasa oficial y cinco dólares a la del mercado negro).
Los venezolanos se enfrentan a una severa escasez de alimentos y medicinas, agravada por la merma en las importaciones por la caída de los precios petroleros desde 2014. En los últimos días se multiplicaron las protestas por comida y los saqueos, que dejan al menos seis muertos.
A la carencia de alimentos, se suma una espiral hiperinflacionaria que pulveriza el sueldo. El salario mínimo -que el presidente Nicolás Maduro aumentó seis veces en 2017- alcanza para un kilo de carne y un cartón de 30 huevos.
El FMI proyecta una inflación de 2.350% en 2018. Según el Parlamento, de mayoría opositora, Venezuela cerró 2017 con una inflación de 2.616% y una caída de 15% en el PIB.
María Ceballos, una desempleada de 59 años, cree que «el gobierno tiene que poner mano dura», porque «nos tienen escoñetados (muy mal)».
Sin embargo, empresarios afirman que el control de cambio -vigente hace 15 años y mediante el cual el gobierno monopoliza las divisas- provocó la escalada de precios, pues muchos deben acudir al mercado negro, donde los dólares se cotizan 50 veces más caros.
«Una catástrofe tremenda»
Apoyado en un bastón, Marcelo Altuve, de 58 años, aguarda expectante el despacho de algún producto en una fila de adultos mayores.
Piensa que «Venezuela está pasando por una catástrofe tremenda», pero culpa a la oposición por «mandar a bloquear el país», aludiendo a las sanciones de Estados Unidos que prohíben a sus ciudadanos negociar nueva deuda con la nación petrolera.
Maduro, que atribuye la debacle a «una guerra económica» y al «bloqueo», ordenó hace un año la venta de alimentos subsidiados en barrios pobres, en un programa llamado «Clap», con lo que asegura llega a más de seis millones de familias.
«Son medidas populistas en un escenario electoral, que generan un ambiente confuso», mientras el venezolano «está alimentándose mucho peor», dijo a AFP el economista César Aristimuño.
Susy Núñez, de 70 años, habitante de Petare, la favela más grande de Venezuela, no ve en el «Clap» una solución, pues no quiere «depender» cada mes de esa caja de comida. «Queremos que el gobierno se aboque realmente a tomar medidas», demandó.
