Organizaciones de derechos humanos y opositores condenaron la operación en la que fue desmantelado el grupo que dirigía el expolicía rebelde Oscar Pérez, y exigieron una investigación transparente de los hechos en los que fallecieron dos policías y algunos integrantes del grupo.
La organización Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió en un comunicado al gobierno informar de manera precisa sobre los hechos ocurridos la víspera en la barriada de El Junquito, al oeste de la capital, que llevaron al desmantelamiento del grupo de Pérez, cuya situación aún no ha sido aclarada por las autoridades.
«Cada minuto de silencio oficial aumenta el riesgo para la integridad y la vida de las personas detenidas», señala el escrito que fue difundido en la página de internet de Provea.
A los cuestionamientos también se sumó el partido opositor Primero Justicia que criticó la ausencia del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en la operación de captura de los miembros del grupo de Pérez, que se extendió por más de ocho horas y en la que participaron varias decenas de policías y militares.
El presidente Nicolás Maduro confirmó el lunes el desmantelamiento del grupo de Pérez, y dijo, durante su mensaje anual que ofreció desde la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, que se registró un enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y el grupo rebelde que dejó dos policías fallecidos y «una gran parte del grupo terrorista» abatido. En el incidente, seis policías resultaron gravemente heridos y más cinco miembros del grupo detenidos.
Las autoridades venezolanas hasta el momento no han informado sobre el paradero de Pérez tras los enfrentamientos. En las redes sociales fueron difundidas algunas supuestas fotografías en las que se ve al expolicía rebelde boca arriba en el suelo entre restos de escombros de lo que habría sido el lugar donde estaba escondido.
El dirigente y diputado del partido opositor Voluntad Popular, Luis Florido, consideró como «terrible» las supuestas fotografías de Pérez, y dijo en su cuenta de Twitter que el expolicía «tenía derecho a rendirse y entregarse como en cualquier conflicto. Los acuerdos de ginebra lo prevén. Definitivamente fue ajusticiado».
«No importa cuánto apoyo mediático tenga este asesino. La evidencia de su actitud terrorista quedó grabada», afirmó en su cuenta de la red social la ministra de servicio penitenciario, Iris Varela, al asegurar que Pérez dijo que estaba negociando su entrega «pero nunca entregó las armas ni salió con las manos en alto, por el contrario abrió fuego contra la autoridad!».
Pérez, quien se dio a conocer tras atacar en junio pasado desde un helicóptero dos sedes de organismos públicos, difundió el lunes en su cuenta de Twitter un video en el que se observaba con el rostro lleno de sangre y un fusil a su lado.
El expolicía aseguró que las fuerzas de seguridad lo mantenían cercado en el lugar donde estaba escondido junto otras personas y que le estaban disparando.
«Nos vamos a entregar», grita Pérez, de 36 años, mientras se escuchan al fondo algunas detonaciones de armas de fuego. «No quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar», agregó.
El expolicía tomó protagonismo el año pasado en las redes sociales al llamar a los venezolanos a salir a las calles a manifestar contra el gobierno, una exhortación que coincidió con las protestas antigubernamentales que se registraron en Caracas y otras ciudades del país entre abril y junio pasado que dejaron al menos 120 fallecidos.
Desde la clandestinidad, Pérez difundió el 19 de diciembre en las redes sociales un video desde una supuesta instalación militar en la que aparecían algunos presuntos militares maniatados y con las bocas cubiertas con adhesivo.
Horas después de la difusión de la grabación, Maduro anunció al país que fue asaltada una instalación militar a las afueras de la capital por un supuesto grupo terrorista y ordenó a la fuerza armada responder con dureza esas acciones.
El exactor de una película policial atacó el 27 de junio las sedes capitalinas del Ministerio de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo de Justicia desde un helicóptero de la policía judicial que había robado de una base aérea militar de Caracas. En esa oportunidad el expolicía destacó que sus acciones fueron cuidadosamente planeadas para no ocasionar víctimas.
