Si bien es un servicio, se ha convertido en un dolor de cabeza para pasajeros y choferes. A los primeros les resulta difícil el alto pago en relación al bajo sueldo mínimo devengado, y a los segundos un calvario reunir suficiente dinero para poder comprar repuestos para la reparación y el mantenimiento de las unidades.
El tema del transporte público de pasajeros siempre ha estado en la polémica de la opinión pública por diversas razones, una de estas la anarquía que propicia este servicio, la mala calidad en la prestación de rutas al usuario, unidades destartaladas, irrespeto de algunos choferes hacia el pasajero, atracos a mano armado dentro de las busetas, utilización de lugares que no son paradas, vehículos con alto olor en su interior a gasolina y gasoil y muchos desprendiendo humo en exceso, tanto por el tubo de escape como por la pérdida de compresión del motor que contaminan el ambiente y perjudican la salud del pasajero.
A estos efectos se les suma la inoperancia gubernamental en no aplicar con eficacia la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, a través de los órganos dejecución como el Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre, las policías estadales de circulación, las policías municipales de circulación y otras autoridades competentes de conformidad con la ley.
A través del artículo 6 de esta normativa jurídica los municipios son competentes para velar por la prestación del servicio de transporte público de pasajeros urbano y, suburbano, interurbano, periférico y metropolitano, en el ámbito de su circunscripción, garantizando al pasajero un servicio de transporte terrestre ajustado a los principios de comodidad, calidad, eficiencia y seguridad.
Si bien el servicio de transporte público de pasajeros puede ser prestado directamente por la autoridad administrativa competente o Estado venezolano, las personas naturales o jurídicas también lo hacen si están debidamente autorizadas para ello, previo el cumplimiento de los requisitos de ley, como efectivamente lo vienen ejecutando a diario en el país.
Uno de los derechos que les otorga la ley a los usuarios es a que se les cobre una tarifa acorde con la calidad del servicio que reciben, exigir un servicio higiénico, seguro, confortable, actualizado e ininterrumpido.
Al decir de los usuarios, ninguna de estas condiciones son recibidas por ellos.
La ley estipula que las unidades de transporte público de pasajeros procurarán contar con mecanismos o unidades especiales para discapacitados, niños con edad hasta seis (6) años, personas mayores de sesenta (60) años y mujeres en estado de gravidez, realidad plasmada en la ley que no se cumple a cabalidad porque no existe supervisión permanente de la autoridad correspondiente.
A pesar que este instrumento jurídico determina la obligación de que los usuarios tienen derecho a ser resarcidos por los daños sufridos con ocasión de la prestación del servicio del transporte público de pasajeros, son desconocidos los casos en Venezuela en los que se haya indemnizado a las personas por problemas causados imputados a la calidad del servicio, como por ejemplo la pérdida de sus pertenencias por causa de un atraco en una buseta, el deterioro de un bien ocasionado por lo destartalado de un vehículo.
Pero así como tienen derechos, los usuarios por ley tienen el deber de pagar la correspondiente tarifa, informar al prestador del servicio y a la autoridad competente sobre las deficiencias o daños ocurridos en las instalaciones y unidades del servicio, cuidar y mantener en buen estado las instalaciones y unidades del servicio, no fumar ni consumir bebidas alcohólicas dentro de las unidades del servicio y comportarse cívicamente y dar un trato respetuoso al conductor y a los demás pasajeros.
Sanciones por irrespeto de tarifas y exceso de pasajeros
Recibirán sanciones con multas entre cinco (5) a diez (10) unidades tributarias (actualmente mil quinientos y tres mil bolívares, respectivamente), quienes cobren tarifas de transporte público de pasajeros que superen las establecidas por la autoridad competenteCabe destacar que el artículo 77 de la ley determina que “Corresponde a la autoridad administrativa competente establecer, en el primer trimestre de cada año, el régimen tarifario del transporte público de pasajeros, en el que se garantizará la participación de los sectores involucrados”.
Sobre este punto, a la autoridad administrativa competente, en el caso de Barquisimeto, Autoridad Metropolitana de Transporte Terrestre (AMTT), se le ha escapado de las manos poner orden y hacer cumplir el cobro de la tarifa acordada, en virtud que diversas líneas aumentan a cada momento y de manera unilateralmente el pasaje fuera del lapso legal, atribuyendo esta decisión a la alta inflación en el país que los tienen arruinados.
Ha aquí la diatriba, usuarios forzosamente pagan el pasaje impuesto, transportistas sufren los altos precios en repuestos para sus unidades y el gobierno en las tres modalidades del poder, nacional, regional y local no satisface la demanda de transporte público en el país, por lo que la situacióse torna cada vez más compleja, en lugar de solucionarse a favor de quienes intervienen en dicho sector.
Respecto al exceso de pasajeros, la ley faculta a la autoridad administrativa competente impedir la circulación de vehículos hasta tanto sean transferidos los pasajeros en exceso o liberado el excedente de carga, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar.
Lo anterior no es acatado por los transportistas cuando se observan busetas rebasando la capacidad del número de pasajeros, muchos de ellos guindando en la puerta, pero tampoco lo hace respetar la autoridad con la imposición de sanciones y multas.
Lara no cuenta con escuelas para formar conductores
Siendo una ciudad estratégica para el transporte que se moviliza hacia eCentroccidente del país, Lara no posee escuela que le facilite educación a los conductores mediante cursos de adiestramiento en materia de relaciones humanas y personales, tal como ocurrió en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, con la primera escuela del país de Formación de Transportistas y Conductores.
En Lara hay un continuo desplazamiento de unidades autobuseras y carritos a los nueve municipios que la conforman, lo que representa un alto porcentaje de pasajeros y oferes involucrados en este servicio con diversos tipos de caracteres y actitudes que amerita una escuela de educación al transportista.
No obstante, unos mil transportistas de Lara se interesaron en febrero de este año para que el gobierno nacional active un plan para un nuevo modelo de transporte que incluya la creación de la escuela de transportistas para este estado.
Además, plantearon que de darse un nuevo modelo trabajarían para acabar con las colas en puntos específicos de la avenida Vargas, en la carrera 22, en el cementerio y en El Ujano, entre otras zonas de la ciudad donde las paradas se complican, sobre todo en horas del mediodía y seis de la tarde.
Barquisimeto y el resto de los municipios merecen un cuerpo humano de transportistas mucho más dado a las relaciones públicas.
Un equipo de choferes consustanciado con los usuarios que al fin y al cabo son el mismo pueblo.
Salen de la ruta antes del horario
El municipio Torres, capital Carora, es uno de los lugares donde el sector transporte sale de su ruta a partir de las cinco de la tarde, mientras los domingos son contadas las unidades que se mantienen prestando el servicio. Dejan a la población desguarnecia en este particular.
Por la falta de líneas establecidas trabajando a esa hora, los caroreños se ven seriamente afectados porque no encuentran la forma de regresarse a sus hogares luego que salen de sus lugares de trabajo a las seis de la tarde.
Un elemento perturbador en detrimento de los usuarios en Carora es que se le impone el pasaje más caro del estado Lara, inclusive, del país, tomando en cuenta las cortas distancias de recorrido de los vehículos para llevar a cabo el servicio.
Es así como los “mileros”, llamados de esta forma porque se iniciaron cobrando mil bolívares, hoy llevan a los pasajeros por diez mil bolívares, dos mil bolívares por encima de un día de salario, a pesar que laboran sin ninguna permisología otorgada por la autoridad administrativa competente en materia de tránsito y transporte terrestre.
