Ecuador otorgó la nacionalidad al creador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, refugiado en su embajada en Londres desde 2012, en un vano intento por resolver su delicada situación.
La canciller María Fernanda Espinosa afirmó este jueves que tras concederle la naturalización el 12 de diciembre, el gobierno ecuatoriano le pidió a Londres que reconociera a Assange como «agente diplomático».
Eso le habría dado inmunidad para salir de la embajada sin ser arrestado.
«Esta petición fue negada el 21 de diciembre», agregó sin embargo la diplomática, explicando que Ecuador no insistirá en esa opción, que fue planteada para «incrementar» las «posibilidades de protección» de Assange.
El fundador de WikiLeaks, la web que difundió miles y miles de secretos oficiales estadounidenses, entró en la embajada ecuatoriana en Londres en 2012 para escapar a la extradición a Suecia, cuya justicia quería interrogarlo como sospechoso de varios delitos sexuales que él niega.
Assange, quien ese mismo año recibió asilo diplomático de Ecuador sin que Londres le diera un salvoconducto para que pudiera salir con libertad de la embajada, siempre ha denunciado que se trata de un pretexto para ser enviado a Estados Unidos, donde teme represalias.
Sin embargo, la maniobra ecuatoriana no tuvo el efecto deseado y Assange seguirá por lo pronto recluido en la pequeña legación.
Para el internacionalista Michel Levi, lo que ha cambiado es el «estatus migratorio» del australiano, pero su situación sigue siendo la misma: si abandona la legación, se expone a su arresto.
«La naturalización no cambia su condición con el Reino Unido en el sentido de que él incumplió una disposición judicial de la Corte de Justicia de ese país. Así tenga la ciudadanía ecuatoriana, él tiene un deber pendiente con el Reino Unido», explicó a la AFP.
Mediación
«La finalidad perseguida ha sido la de permitirle (a Assange) gozar de privilegios e inmunidades que otorga la Convención de Viena sobre agentes diplomáticos, y eso ha sido inmediatamente rechazado por Reino Unido, que ha considerado que es una manera artificial de burlar las disposiciones del derecho internacional», explicó a la AFP el excanciller ecuatoriano José Ayala Lasso.
«Estamos procediendo con total falta de seriedad y es necesario que el gobierno rectifique no solo estas acciones sino estas seudo políticas que le han guiado en el campo internacional», añadió.
La canciller ecuatoriana insistió, por su parte, en que Quito sigue explorando «otras vías de solución» a la situación de Assange.
Entre ellas, agregó, «una posible mediación y buenos oficios de autoridades de renombre, otros Estados u organismos internacionales, que puedan facilitar una solución justa, definitiva y digna para todas las partes involucradas».
«Continuaremos buscando alternativas» de arreglo en coordinación con el Reino Unido, enfatizó.
«No hay conversaciones»
Sin embargo, un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores británico informó el jueves, en un comunicado, que «no hay conversaciones con Ecuador sobre este asunto», tras ser rechazado el pedido para que Assange fuera tratado como agente diplomático.
«Ecuador sabe que la única manera de resolver este asunto es que Assange abandone la embajada para enfrentar a la justicia», agregó.
Assange afrontaría con toda seguridad unas semanas en la cárcel en el Reino Unido por haber vulnerado los términos de su libertad condicional, pero su gran temor es acabar siendo extraditado a Estados Unidos y juzgado por la difusión de documentos secretos.
El equipo legal de Assange recordó, en un comunicado en Twitter, que un comité legal de la ONU estimó que «Assange está detenido ilegal y arbitrariamente».
El excanciller Ayala Lasso sostuvo que el asilo dado a Assange en 2012 «ha generado problemas» a Ecuador y «ha granjeado (al país) una mala voluntad de los Estados ofendidos por Assange y un desprestigio internacional».
Desde que le concedió el asilo, Quito espera que las autoridades británicas le entreguen un salvoconducto para que pueda salir de Reino Unido.
La canciller ratificó por enésima vez el asilo que le concedió a Assange el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), ahora enemistado con su sucesor y exaliado, el mandatario Lenín Moreno.
