El interés por negociar es vago. Durante este 11 y 12 de enero, los representantes de la oposición y el Gobierno sostendrán su tercer encuentro en República Dominicana, esperando que de allí nazca un resultado concreto para la población venezolana, según lo han asegurado los líderes de la unidad.
La delegación opositora arribó este miércoles a la isla, en compañía de su equipo asesor, conformado por estrategas, economistas, abogados, sindicalistas y defensores de los derechos humanos. Julio Borges, a pesar de ya no presidir el Parlamento, continúa al frente de la representación; mientras que por Un Nuevo Tiempo se encuentra Enrique Márquez, en sustitución de Timoteo Zambrano quien renunció a la mesa el pasado sábado.
Aun y cuando todo parece estar listo para continuar el proceso, hay factores de la unidad que aseguran que el Gobierno de Nicolás Maduro, representado en este caso por Jorge Rodríguez, no tiene disposición para encontrar acuerdos en pro de la nación, que hoy vive la peor crisis de su historia, según algunos analistas políticos.
Andrés Velásquez, de La Causa R, argumentó este miércoles que mandar a la oposición a llevar “anti inflamatorio en crema” o decir que se reunirán con terroristas, no es precisamente una señal de que el interés por dialogar y negociar esté en su máxima expresión. “Esa es una antesala para creer que de allí va a salir algo”, se preguntó.
Voluntad Popular, en la voz de su coordinador político, Juan Andrés Mejía, aseguró que acompañará el proceso “siempre y cuando” se manifieste una disposición real pero no descartan volver a las calles si hay fracaso en las reuniones de República Dominicana.
“Queremos soluciones concretas para los venezolanos: la convocatoria de un proceso electoral con condiciones justas en este 2018, liberación de todos los presos políticos, apertura del canal humanitario y respeto a la Constitución”, reiteró Mejía.
Es importante mencionar que el Gobierno se sentará con los partidos Acción Democrática (Luis Aquiles Moreno), Primero Justicia (Julio Borges) y Voluntad Popular (Luis Florido), a los que ordenó ilegalizar mediante la Constituyente, por no participar en las elecciones de alcaldes de diciembre 2017.
