Un hombre y una mujer que protestaron por falta de comida fueron detenidos y serán juzgados por instigación al odio, en la primera aplicación de una ley aprobada por la Constituyente, que incluye penas de 10 a 20 años.
Un tribunal del estado Carabobo, en el norte del país, ordenó la privación de libertad para Érika Palacios, de 44 años, y Ronald Sevilla, de 25, detenidos el 3 de enero en una protesta de unas 15 personas que cerraron una avenida y quemaron neumáticos, reseñaron medios locales.
Según un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia, ambos serán juzgados por «detentación de sustancias incendiarias y artefactos explosivos», «obstaculización de la vía pública» e «instigación al odio», delito castigado con hasta 20 años en la llamada Ley contra el Odio, sancionada por la Asamblea Constituyente.
«Este delito se encuentra tipificado en la ley contra el odio que limita el derecho a manifestar, a la libertad de expresión y el derecho a disentir», dijo a la AFP el abogado Luis Betancourt, de la ONG Foro Penal.
Palacios y Sevilla están detenidos en una sede policial a la espera de juicio. La mujer trabaja en un taller mecánico y el hombre en una funeraria.
Durante los últimos días se han registrado algunos saqueos o intentos de saqueos en varias ciudades del país, así como pequeñas pero múltiples protestas por falta de comida y de servicios básicos, como el agua.
«Ellos no están sentenciados, pero pudieran ser condenados a 20 años de prisión y es algo que nos preocupa profundamente. Es el primer caso que registra Foro Penal al que le han aplicado la ley contra el odio», subrayó el jurista.
La Constituyente venezolana, que rige con poderes absolutos, aprobó en noviembre pasado una la ley que castiga «delitos de odio» y prevé ilegalizar partidos y cerrar medios de comunicación que los inciten.
«Quien (…) fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas (…) será sancionado con prisión de diez a veinte años», establece uno de los 25 artículos.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, acusó al gobierno de «criminalizar» la disidencia. El texto fue propuesto por el presidente Nicolás Maduro tras protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último.
