La falta de estrategias y el fraccionamiento de la Mesa de la Unidad Democrática han fortalecido al régimen de Nicolás Maduro, que no es estable; pero se sustenta en la represión, la persecución y el encarcelamiento de la disidencia, además del fraude electoral, afirma el Dr. José Vicente Haro.
El presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, docente de la Universidad Central de Venezuela y defensor de los Derechos Humanos, al ser consultado por EL IMPULSO, dijo que el mayor reto que tiene en este momento la oposición, en sus negociaciones con el Gobierno en República Dominicana, es rescatar el orden constitucional y, desde luego, la confianza de los ciudadanos perdida el año pasado.
Constituyente suplantó poderes
Expuso el Dr. Haro que desde que se convocó la Asamblea Nacional Constituyente quedó claro la circunstancia que ha marcado todo el actuar de ese órgano, ilegítimo, no solo por el fraude que lo originó sino por el electoral.
Esa ANC ilegítima ha querido asumir todos los poderes del Estado. Hemos visto cómo ha asumido facultades del Consejo Nacional Electoral, del Poder Electoral, convocando elecciones municipales y regionales, juramentando gobernadores y alcaldes, y desconociendo a quienes no se sometieron a su voluntad, como ocurrió con el gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien obtuvo el 51,35 por ciento de los votos. Declaró su falta absoluta, anulando la votación. Se erigió por encima del Poder Electoral y la Constitución.
Lo mismo ha sucedido con el Poder Judicial, cuyas funciones ha asumido la ANC ilegítima al pronunciarse por la liberación de un número de presos políticos.
También se posesionó del Poder Ciudadano cuando destituyó a la titular de la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz, y procedió a reemplazarla por el defensor del pueblo, Tarek William Saab.
Y esa misma ANC asumió lo más grave, comenzando primeramente en forma lenta, las funciones del parlamento, de la legítima Asamblea Nacional, no solo ocupando los espacios del Palacio Federal Legislativo, su tradicional sede, sino en general, las atribuciones legislativas que le confiere la Constitución. La ANC no puede legislar, como tampoco aprobar el presupuesto de la nación, como ya lo hizo, y el endeudamiento, que también acordó.
Derogada la Constitución
Ahora estamos viendo que Nicolás Maduro ha anunciado que va a presentar su memoria y cuenta ante la ANC. Quiere asumir un acto que la propia Constitución le atribuye al parlamento.
En consecuencia, podemos sacar como balance que ha quedado una constante muy clara en todo esto: se ha dejado a un lado la Constitución, lo que es el orden constitucional, prácticamente se ha derogado de facto la Constitución aprobada en 1999.
El Dr. Haro recordó que el 2 de diciembre del 2007 fue rechazado el proyecto de reforma constitucional planteado por el entonces Presidente Hugo Chávez, en razón de lo cual se mantuvo íntegro el texto constitucional.
Pero, dada la actuación del propio Presidente Maduro y de la ANC no tenemos en vigencia plena la Constitución del 99.
Un nuevo reto
Ante lo que ha venido ocurriendo, la lucha que deberían estar dando los partidos democráticos en todos los terrenos es volver a poner en vigencia la Constitución y resolver la crisis en toda su magnitud, que encierra el problema económico, el aspecto social, el alto costo de la vida, el hambre, incluso los saqueos. Es necesario hacerlo porque precisamente la Constitución garantiza los derechos socioeconómicos de los ciudadanos. Se debe respetar la propiedad privada, pero también se le debe proporcionar salud y vida digna a la población.
Ahora cuando miembros de la ilegítima Constituyente van con sus propios actos construyendo una Constitución paralela, que va contra los principios fundamentales de la Constitución del 99, urge que los factores democráticos luchen por rescatar la institucionalidad. En la arena política, en la discusión y en cualquier terreno, como las negociaciones que se vienen realizando en República Dominicana, debe darse. No hemos visto que lo hagan.
Asamblea dejó de legislar
Debo lamentar que buena parte de la situación que se ha venido originando en la legítima Asamblea Nacional se debe a que dejó de legislar el año pasado. Si acaso aprobó fueron dos o tres leyes, muy pocos sus actos de control políticos, muy pocas intervenciones y los pronunciamientos que hubo no resultaron trascendentales. Un parlamento que debió sesionar permanentemente fue cediendo espacio, sobre todo en el segundo semestre del año, que será difícil recuperar en el presente.
Lo que marcó el 2016 fue la arbitrariedad y el poder de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, quien se atribuyó un poder plenipotenciario al margen del derecho constitucional, a partir de la derogación de facto de la Constitución del 99.
Insisto en que el reto es tratar de rescatar el orden constitucional, en el cual todos los ciudadanos tenemos responsabilidad en esa lucha.
El desafío es grande, porque los diputados no estuvieron a la altura de las circunstancias, con contadas excepciones como la del parlamentario Freddy Guevara, quien sufrió una situación de allanamiento irregular e inconstitucional por parte de una sentencia del Poder Judicial y luego por la ANC, lo que lo llevó a refugiarse en la embajada de Chile.
Oposición sin estrategias
Creo, dijo el especialista, que la oposición dentro de la Asamblea Nacional nunca tuvo una estrategia clara una vez que obtuvo el triunfo en las elecciones el 6 de diciembre de 2015.
Se plantearon propuestas alternativas para lograr el cambio de gobierno. Todo el menú de acciones se aplicó con cierta lentitud. Se trató de entrada de ir negociando con el régimen, pero éste se propuso y logró bloquear todas las iniciativas. No se aprovechó el capital de la confianza que había depositado la ciudadanía en los factores democráticos.
La Asamblea Nacional tardó mucho en tomar decisiones, ya que pasó más de año y medio para proceder a nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y tomar en cuenta el Consejo Nacional, pero cuando ya el régimen se había apertrechado.
Aunque realizó investigaciones importantes en casos de corrupción y en la situación por la cual ha venido atravesando PDVSA, no fue más allá.
Comenzó el 2016 con unos quince proyectos de leyes y disminuyó enormemente su actividad en el 2017 cuando apenas se ocupó de dos o tres leyes.
Cuando los diputados democráticos van cayendo en ese juego que quiere el Gobierno, de ceder espacios, de que le quiten sus atribuciones como lo hizo la ilegal Constituyente, pierden confianza. Incluso, vimos a un Nicolás Maduro que llegó a dictar ley de endeudamiento aprobada por la ANC.
Al no haber librado una lucha férrea, como la que se esperaba frente al régimen, no podía sorprendernos la abstención que se manifestó en las elecciones.
Esa abstención, evidentemente, se debe a la pérdida de capital político y a la falta de credibilidad de los diputados y de los partidos que representan.
Esa devaluación del capital político que tenía la oposición se debió, además de la falta de estrategia, a otros factores, uno de los cuales fue la inexistencia de la real unidad de los factores democráticos.
Ya en el 2016 se venía observando diferencias muy marcadas en los partidos grandes y se hicieron manifiestas en el 2017, lo cual le hizo mucho daño a la Mesa de la Unidad Democrática, sobre la cual la inmensa mayoría de ciudadanos tenía la impresión de que era un bloque monolítico.
En estos momentos se está pensando en cómo sobrevivir a esta crisis cuando el Gobierno que había perdido el apoyo popular ha logrado mantenerse en pie.
Y aunque este régimen no sea estable, ni fuerte, ha podido sobreponerse por la debilidad de la oposición mediante la fuerza de la represión, la persecución, el encarcelamiento de los manifestantes que ahora son presos, el dominio de los medios de comunicación social y la ocupación de los espacios con fraudes electorales, sentencias inconstitucionales. Esa es precisamente la característica de las dictaduras.
Durante el mandato de Hugo Chávez podíamos hablar de autoritarismo y sin embargo había resquicios de procesos electorales, ya que a regañadientes reconoció el revés de su propuesta de la reforma constitucional. Pero, en la era de Nicolás Maduro, sobre todo en los dos últimos años y especialmente en el 2017 se dejó muy claro que tenemos una dictadura sofisticada. No existe una Constitución que rija el orden constitucional no sólo político, sino económico y social; no hay una división de poderes, tampoco elecciones transparentes, no existe el reconocimiento al parlamento. Y vivimos en constante zozobra.
