Las sanciones que está aplicando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a militares venezolanos constituye un claro mensaje a la institución castrense, en el sentido de que está siendo vigilada en forma constante por incurrir algunos de sus miembros en violación de derechos humanos y en corrupción.
Tal es la apreciación que tiene la Dra. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Defensa, la Seguridad y la Fuerza Armada, quien fuera consultada por EL IMPULSO.
Sancionados
Dijo que es de gran importancia que entre los sancionados figure el general Gerardo José Izquierdo Torres, ministro de Fronteras, ya que se está evidenciando que no está cumpliendo con sus competencias. No es un secreto para nadie que por la frontera existe un continuo paso de drogas, combustibles y minerales.
Otro que figura en la lista es el general Rodolfo Clemente Marco Torres, actual gobernador de Aragua y quien fuera ministro de Alimentación, presidente del Banco Bicentenario y ministro de la Banca Privada.
De igual forma, se encuentra el general Fabio Enrique Zavarce Pabón, responsable de todo el quehacer militar de la capital de la República y de la represión en los cuatro meses de protestas del año pasado cuando se produjeron violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos que manifestaron.
¿Padrino y Cabello?
Es curioso que haya sido incluido el general retirado Francisco José Rangel Gómez, ex gobernador del estado Bolívar.
Y ante las decisiones tomadas por el Departamento del Tesoro llegamos a preguntarnos: ¿Por qué han sido eximidos hasta ahora el propio ministro de la Defensa, ya sancionado por Canadá; y Diosdado Cabello? ¿Será acaso que son considerados factores para una negociación? No tenemos respuestas, pero sí nos causa expectativa.
Afectada moral castrense
Considero, prosiguió la Dra. San Miguel, que el 2018 será un año muy difícil para la institución castrense, ya que estas sanciones tienen que estar afectando la moral de la Fuerza Armada Nacional.
Los subalternos tendrán la impresión de que sus superiores no están cumpliendo sus funciones al pie de la letra y que las violaciones de los derechos humanos y la corrupción constituyen delitos muy graves, que no prescriben, motivo por el cual puede haber una situación delicada en las unidades.
Podría darse el caso de que los militares permitan que se produzcan los saqueos e intervengan en los mismos, porque la situación de hambre que están viendo la sufren sus familiares.
En las zonas de control hay acceso a la comida, pero no así en la frontera, manifestó la Dra. San Miguel. En Caracas, Carabobo y Lara se registra la primera de estas situaciones. Y los subalternos están viendo que la frontera es el paso de droga, combustible y minerales.
Las sanciones que se están aplicando tienen un mensaje muy poderoso y directo al Gobierno venezolano y en especial a la Fuerza Armada Nacional. Se le está diciendo que hay una vigilancia permanente de todo lo que está pasando en cuanto a la violación de los derechos humanos y la corrupción.
No todos los militares roban y viven en riqueza que no pueden explicar cómo la han obtenido, comentó.
En las unidades desde hace tiempo se siente la dificultad que ocasiona el hambre. Y de allí que las sanciones tienen que estar haciendo reflexionar a la institución.
