En septiembre de 2017 publicó el decreto Nº 3.085 que estableció una reducción a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otorgó una rebaja del 3 % si la operación es hasta 2 millones de bolívares y del 5 % si la operación era mayor a ese monto, siempre y cuando la operación se realizara vía electrónica (transferencia, notas de débito y crédito).
Los comercios debieron adecuar todos los sistemas de facturación, tanto cajas registradoras, puntos de venta e impresora fiscal, de manera inmediata. Este trabajo trajo consigo una inversión de varias horas para las múltiples diligencias, se trató de una condición extrema para comerciantes, industriales y prestadores de servicio.
El presidente Nicolás Maduro, tomó esta medida en el marco del Estado de Excepción y Emergencia Económica, a fin de promover las transacciones electrónicas.
A partir del 1 de enero de 2018, la aplicación de este decreto cesó y la alícuota del IVA se fijó nuevamente en 12% como valor único, para personas naturales y jurídicas.
Juan Pablo Pérez, consultor financiero y director de la Cámara de Comercio del estado Lara, comentó que los comerciantes deben hacer un reacomodo de la máquina fiscal, que en esta oportunidad no será tan traumático como en septiembre, porque las máquinas podían continuar facturando con el IVA al 12% si el cliente pagaba en efectivo; es decir, que la emisión de facturas con la actual alícuota podía hacerse sin problema desde el 1ero de enero.
Pérez considera que el decreto de ley no resultó “beneficioso” pues aunque la intención inicial era incentivar el pago de transacciones electrónicas, “con decreto o sin decreto, los venezolanos estaban obligados a pagar vía electrónica debido a la falta de efectivo, por lo que la medida encubrió un problema que aún persiste”.
Sustentó que la crisis de efectivo continúa porque no hay suficiente liquidez en el país y el cono monetario no está actualizado, “los billetes de 50 y 100 bolívares ya no valen nada”.
Dijo que el Gobierno culpa al sistema bancario privado pero la realidad es que ellos solicitan las remesas para pagar a ahorristas, pensionados y cargar cajeros electrónicos, pero el dinero recibido por parte del Banco Central de Venezuela es insuficiente, por lo que las entidades bancarias están en la obligación de limitar el retiro de efectivo.
Considera que la medida de la reducción del IVA fue una solución visceral: “para cualquier trabajador que devengue o no sueldo mínimo es muy difícil adquirir bienes y servicios, solamente la base imponible ya es inalcanzable así que si el IVA es del 9% o del 12% no hace la diferencia, el problema es la hiperinflación”.
