Aunque nos solidarizamos con los 44 presos políticos liberados y con sus familiares, la permanencia de más de 240 venezolanos tras la rejas es un signo de poca o ninguna tendencia del gobierno a ceder en la negociación. A la espera de la continuación del diálogo o la negociación entre el gobierno y la oposición, para buscarle una solución a la grave crisis que atraviesa el país, pautada para el 11 y 12 de enero del 2018, si existiera voluntad de acordarse con relación a la agenda presentada para su consideración, el gobierno de Nicolás Maduro debió liberar a todos los presos políticos, en momentos en que las familias de quienes sufren el brutal castigo de estar prácticamente secuestrados, sin pruebas de haber cometido delito alguno, a los que se les cobra por pensar distinto al Presidente y sus acólitos, los esperaban para celebrar juntos la Navidad y recibir un Año Nuevo.
En la tradición política latinoamericana y venezolana en particular, en momentos críticos o difíciles de nuestras naciones, la amnistía y la reconciliación en el mundo político han estado presentes como símbolos de grandeza humana y de espíritu americanista de gobernantes y gobernados, que buscan crear un clima de paz y sosiego sin dejar de pensar distinto. La iniciativa generalmente la toman los gobernantes, cuando consideran que sus regímenes gozan de estabilidad debido a la fortaleza de las instituciones y a la legitimidad de sus mandatos.
En nuestro país el Ejecutivo tiene el control de los demás Poderes Públicos, con la excepción de la Asamblea Nacional, a la que ha desconocido inconstitucionalmente. No hay Fiscal que pueda acusar al Jefe del Estado ni a sus favoritos, no hay Juez que lo puede juzgar, menos sentenciar. La amnistía de presos y perseguidos políticos en vez de poner en peligro su gobierno, por lo contrario, lo haría más estable ante propios y extraños. De allí que la decisión presidencial de liberar los presos políticos y permitir el regreso de los perseguidos, no sólo sería una de las más sencillas y magnánimas medidas políticas a tomar, sino también la demostración de su creencia y confianza en la invulnerabilidad de su gobierno.
Cuando el presidente Caldera en su primer mandato pacificó al país, garantizándole a los guerrilleros que podían ejercer sus derechos constitucionales de pensar distinto a él, si abandonaban la violencia; y en su segundo ejercicio presidencial liberó al extinto presidente Chávez y a los oficiales y suboficiales presos por golpistas, lo hizo seguro de que la democracia estaba firme y en vez de debilitarse se fortalecería.
El heredero del presidente Chávez no tiene justificación política para mantener en prisión y en el exilio a centenares de venezolanos que piensan distinto a él, menos aún cuando hace permanentes llamados “al diálogo y a la paz”, sin demostrar que tiene voluntad política para buscar un mínimo de reconciliación nacional. Todo indica que vivimos un momento apropiado para que el gobierno dé algunas señales de que es factible continuar el diálogo y la negociación en la República Dominicana en este mes de enero. De no producirse un gesto proclive al entendimiento civilizado, por parte del gobierno de Maduro, no sólo estaríamos en camino de un nuevo fracaso, de una nueva burla gubernamental contra el mundo democrático, de profundizar la crisis de cuyas consecuencias sólo sería responsable el Presidente de la República.
