Cuando desde la MUD y la AN convocamos al pueblo a protestar para impedir la materialización de un proceso constituyente sin referéndum y con elecciones sectoriales de segundo grado, lo hicimos conscientes de que esa instancia significaba el fin definitivo de la República y la derogación formal de la constitución y todos los derechos ciudadanos. No en vano el pueblo protestó como nunca quedando un lamentable saldo de asesinados, heridos y presos.
A pesar de que todas esas protestas pacíficas fueron convocadas por todos los partidos integrantes de la MUD, hoy algunos se lavan las manos culpando de sus males, no a la dictadura, sino a las protestas que ellos mismos convocaron. Pero dejemos de lado a los infiltrados y sigamos abordando el tema. El caso es que el tiempo nos dio la razón, esa ilegítima ANC se auto aprobó un plazo de dos años para actuar de forma supraconstitucional concentrando todo el poder, legalizando así la dictadura. A través de leyes y decretos convoca elecciones selectivamente, destituye gobernadores electos, ilegaliza partidos y condena sin juicio a quien sea.
Sin embargo este exabrupto anti democrático ha generado una condena internacional sin precedentes, a través de un desconocimiento rotundo y casi unánime de ese adefesio jurídico que ha sustituido en la teoría y en la práctica todo el Estado de Derecho por la voluntad de un solo partido político que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder. Es así como todas las sanciones internacionales que han generado y las que vendrán, tiene como único responsable al Gobierno de Maduro que dio un auto golpe de Estado de forma anticipada a la elección presidencial, la cual es irrelevante en la medida que exista la constituyente. El problema ya no es el CNE o el TSJ como había sido hasta ahora y que no supimos combatir desde la Asamblea Nacional, el problema actual es esa ANC instalada sobre la sangre de un pueblo para beneficio exclusivo de una cúpula mafiosa.
La ANC es el seguro de Maduro para mantener su tiranía en Venezuela. Con ella le será muy fácil generar su propia oposición controlada, hacer fraude como acaba de hacer dos veces seguidas, o en el peor de los casos para él sobordinar a cualquier presidente electo. Es por esta razón que no podemos seguir abordando el diálogo en República Dominicana obviando este tema, ya que cualquier acuerdo debe pasar por la disolución de esa instancia y el retorno de la vigencia de la Constitución. Mucho más cuando está claro que lo que busca el Gobierno es legitimar su constituyente y por eso ilegaliza partidos, subordina gobernadores y alcaldes electos y libera cual rehenes a algunos presos políticos. Claro que nos complace la libertad aunque sea condicional de los presos políticos, como nos complacería un cambio en la composición del CNE y la habilitación de todos los candidatos nuestros; pero nada de esto sería suficiente si convalidamos la tesis de que existe un poder supra constitucional y omnipotente que como dice Rubén Blades “te da y te quita, y te quita y te da”.
Nuestra advertencia es constructiva, lo hacemos incluso confiando en una negociación que sirva de solución por muy improbable que parezca. No podemos legitimar ni ayudar a financiar este Gobierno mientras la constituyente exista. De hecho, la ANC es también el punto de honor de esa comunidad internacional a la que se ha acudido en protección de los derechos humanos de nuestro pueblo. Cualquier acuerdo debe ser global y con el propósito de transitar hacia la democracia y la libertad de todo un país.
Caso cerrado, el dictamen final lo tiene usted.
José Ignacio Guédez
Twitter:@chatoguedez
