Propietarios del conjunto residencial Plaza Mayor aseguraron a EL IMPULSO que se turnarán para custodiar el complejo residencial recientemente invadido por grupos violentos que se identifican con el oficialismo.
Recordaron los afectados que los ocupantes ilegales llegaron en dos busetas a las 4 de la madrugada del 1º de enero, aparentemente, venían del sector conocido como Las Sábilas, ubicado al norte de la ciudad.
Según los testigos y varias gráficas alusivas a la acción irregular, los invasores además de derrumbar puertas y causar destrozos en varias unidades de vivienda, sustrajeron computadoras, enseres y otros equipos. Encapuchados trataron de robarse lámparas y cables, otros cargaron con materias primas que se encontraba en uno de los locales, sábanas, topes de cocinas, entre otros.
Este martes, varios de los dueños y miembros de la Asociación Civil Quiero Mi Inmueble, se concentraron frente al urbanismo a fin de concretar un balance de daños junto a representantes del Grupo Hispania, quienes se negaron a emitir declaraciones oficiales respeto a la inspección realizada a las Torres Norte, Sur, Este y Oeste.
Relataron los afectados que esta historia (que algunos consideran la gran estafa) tiene su punto de partida entre 2007 y 2009, años en los que Henri Falcón figuraba como alcalde del municipio Iribarren.
Diez años después los propietarios señalan múltiples irregularidades relacionadas con el permiso de habitabilidad y la garantía de servicios, lo que ha impedido cristalizar el sueño de una vivienda digna. Ni Hidrolara, ni Corpoelec o Grupo Hispania se refieren a una respuesta clara o concreta; las versiones extraoficiales son numerosas, la realidad se traduce en 160 familias sin sus inmuebles, pagados con jubilaciones, prestaciones, créditos o los ahorros de toda una vida. En esta década, algunos fallecieron y otros están muy enfermos. Otros refirieron que la amarga espera terminó en rupturas matrimoniales.
Riesgo latente
Las invasiones han sido recurrentes a lo largo de la revolución bolivariana, incluso aupadas por funcionarios públicos. El Observatorio de Derechos de Propiedad contabiliza un total de 1.043 predios confiscados por el Gobierno entre 2005-2015, así como más de 650 casos de invasiones en ese lapso en todo el territorio nacional.
“Se habían tardado”, comentó una de las afectadas al referirse a Plaza Mayor.
Sabían que se trataba de un riesgo latente ante la crisis que agobia al país y la alta demanda de viviendas dignas.
Más allá de la ocupación que se dio en el citado complejo, por más de 12 horas, la acción representó la gota que derramó el vaso. Luego de diez años y la imposibilidad de acceder al bien, los propietarios están decididos a ocupar sus apartamentos, indican que se trata de un momento coyuntural.
Pero no solo se trata de Plaza Mayor, son aproximadamente 600 copropietarios que se están viendo afectados por la paralización de cinco obras inconclusas ubicadas en el Triángulo del Este: Centro Financiero Torre Ibérica, Paseo La Castellana (edificios Serrano, Salamanca y Torre DirecTV).
Para el año 2007 un grupo aproximado de 300 personas cancelaron más de 480.000 bolívares al Grupo Hispania para adquirir una propiedad; no obstante, hasta la fecha la empresa no ha entregado ninguna posesión. Asimismo denunciaron que se les ha exigido realizar un pago en dólares para la entrega del local o apartamento.
¿Y ahora qué?
“Compramos hace diez años y hasta la fecha no nos han entregado nada”, declaró la doctora Gladisbel Márquez Aguilar.
-Lo que ocurrió el 1º de enero estaba latente, sabíamos que en algún momento iba a ocurrir. La gerencia no procuró una seguridad idónea. Estamos muy complacidos con la Gobernación de Lara, realmente sentimos el respaldo de todo el equipo. A las 2:00 de la mañana se acercaron dos autobuses con una cantidad de personas armadas.
A las 9:00 de la mañana había lactantes, adultos mayores y personas discapacitadas. No obstante, la Guardia Nacional, Policía de Lara y otros organismos levantaron la invasión.
La entrevistada precisó que efectivos de la GNB dispusieron varias unidades para desalojar a los ocupantes ilegales. Incluso, un comando policial se apostó en el sitio para impedir acciones similares en el futuro.
Aseguró que el deterioro causado por los invasores se suma al déficit que presenta la obra.
“En la unión está la fuerza, vamos a aprovechar esta coyuntura para hacer valer nuestros derechos. Somos venezolanos que hace diez años tuvimos la oportunidad de invertir en esta obra tras mucho sacrificio. ¿Quién paga el daño moral de cada uno de nosotros? Detrás de cada persona hay una historia, tenemos compañeros que han fallecido esperando su vivienda. Estamos en manos de la gobernadora Carmen Meléndez”.
Sobre Grupo Hispania indicó que la representante, Siley del Pino, se comunicó con la Fiscalía y con los propietarios para confirmar que habían sido víctimas de una invasión.
Permiso de habitabilidad
Márquez Aguilar expresa que no tienen permiso para habitar los inmuebles porque en el sector hay problemas con el vital líquido y la electricidad. Tampoco se ha concretado la instalación de la bombona de gas ni la construcción de las garitas de vigilancia. “Esas dos cosas se pueden hacer independientemente de las actuaciones de Corpoelec e Hidrolara”, acotó.
Informó que el director de Seguridad y Orden Público, Kleider Ferreiro, les garantizó mantener el control en el complejo residencial.
Nelson Godoy, dueño de uno de los apartamentos, convocó al resto de copropietarios a una asamblea hoy a las 10:00 de la mañana en la plaza Juan Guillermo Iribarren, donde se tomarán decisiones muy puntuales respecto al hecho en cuestión.
Godoy contó que fue golpeado por los invasores al momento de intentar ingresar a su vivienda. “Me amenazaron con un hacha, me dieron golpes y patadas”.
Otra dama que prefirió reservar su identidad agregó que “los invasores llegaron con sus colchonetas, estaban armados y eran violentos. Venían liderados por un hombre llamado Juan Carlos Agüero”.
Por su parte, el señor Luigi Feola, propietario de apartamento y local, explica que existe un problema con los servicios ya que Grupo Hispania, al inicio del proyecto, solicitó determinada capacidad de carga, sin embargo, hubo un exceso de unidades habitacionales al culminar la obra. En el caso del agua se sabe que en la zona el servicio es pésimo. El recurso el limitado en el sector.
Giuseppe Bálsamo se hace dos preguntas válidas. ¿Por qué la empresa Mapfre tiene vida en un complejo que no tiene permiso de habitabilidad? ¿Por qué Grupo Hispania tiene dos oficinas operando?
“Debe haber permisos para todos, no para dos. Exijo que esa situación se nos explique”.
Según otro testimonio estas oficinas operan con planta eléctrica y servicio de agua por cisterna.
“Si nos organizamos nosotros también podemos trabajar igual, no es justo que ellos sí tengan permiso de habitabilidad. Deberían sumarse a nuestra lucha”, dijo.
Joel Uribarrí, de la Asociación Civil Quiero Mi Inmueble, considera que la situación es propicia para que Grupo Hispania entregue los inmuebles.
“Aunque falta mucha agua por correr esta fue la gota que derramó el vaso. Todavía los dueños de la constructora no dan la cara. Solo los gerentes y los abogados se han acercado, pero ni los dueños ni los accionistas”.
Mencionó que la denuncia del caso reposa en la Fiscalía Primera del Ministerio Público.
Uribarrí exhorta a las autoridades a resguardar las torres, asimismo, que presionen a Grupo Hispania para que entregue las oficinas y los apartamentos.
Torre virtual
Juan Carlos Carrasco hizo mención a la “primera torre virtual de Venezuela”. Se trata de una construcción que se quedó en los planos. Detrás de la Flor de Venezuela solo se instaló una grúa y se perforó el suelo. La grúa que tiene cinco años en el sitio muestra el lugar donde se erigiría la Torre DirecTV.
Apuntó que la constructora cobró cada oficina de la obra, la cual se entregaría en 2013.
“Grupo Hispania no nos ha dado ninguna respuesta satisfactoria. Pretenden que el Estado resuelva a partir de la situación país pero ningún tribunal ha fallado a su favor, ellos tienen que responder. Queremos que los dueños den la cara: Juan Andrés Blavia se encuentra en España, Juan Carlos Furiatti en Miami y José Ignacio Guédez está en el país pero tampoco opina. Él aparece en uno de los registros de las compañías Trascendencia C.A, Triangulo C.A y Grupo Hispania. Cada empresa vendió locales y apartamentos de los diferentes edificios de Plaza Mayor, Torre Ibérica y Paseo La Castellana”.
