Quienes asesoran a la oposición en el proceso de negociación con el Gobierno aseguraron este viernes que la Asamblea Nacional Constituyente, al suprimir la Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Alto Apure, obstruye el esfuerzo y desconoce los derechos políticos de los venezolanos.
La politóloga y miembro del equipo, Colette Capriles, dio lectura a un documento en el cual exponen que aún y cuando el órgano que quiere sustituir al Parlamento fuera legítimo, no tiene la facultad de derogar mandatos de la Constitución, sino de redactar un nuevo texto fundamental y someterla a referendo popular.
“Esto no es una conversación entre el Gobierno y la oposición. Esta es una conversación entre la oposición, el Gobierno y la comunidad internacional. Qué está haciendo el Gobierno, subiéndole el precio a la negociación porque sabe que la situación es seria y se tiene que sentar”, dijo.
Fue enfática en advertir que sobre la mesa no está planteado el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, sino las condiciones electorales justas para el 2018 y la parte social, tales como la liberación de los presos políticos.
Asimismo, indicó que la patada a mesa la está dando la delegación oficialista porque actúan de manera contraria a lo que se quiere. “Queremos que la legalidad impere pero lo que hay es abuso”, agregó.
Por su parte, León Arismendi, destacó que el Gobierno efectivamente ha mantenido una posición equivocada, sin asumir las responsabilidades y mucho menos sin mostrar voluntad de cambiar las políticas que han sometido a los venezolanos en una crisis.
Aclaró que no se aceptará un mal acuerdo, tomando en cuenta que los cancilleres que participan de este proceso realizaron un borrador de acuerdos para que ambas partes analicen y decidan si los aceptan.
También hicieron referencia a la decisión de validar los partidos que no participaron en las elecciones de alcaldes del 10 de diciembre. El documento señala que se pretende anular a las organizaciones con fines políticos, acción que solo llevan a cabo las dictaduras más primitivas en su repertorio de violación a los derechos humanos. Además de buscar un régimen de partido único y fomentar la manipulación y explotación de las necesidades de la gente.
En todo caso, hacen un llamado a las autoridades locales, para que en virtud del artículo 70 de la Constitución, realicen cabildos abiertos a fin de que el pueblo se exprese y defienda sus derechos.
