El diputado a la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, declara que la gobernadora Carmen Meléndez, en lugar de dictar decretos inconstitucionales e ilegales, debe solucionar los graves problemas que persisten en el estado Lara, tales como la alta carestía de la vida que impide a las familias adquirir productos de primera necesidad, gas, transporte, basura, inseguridad, agua, entre otros males que padecen los larenses por irresponsabilidad del régimen.
“Debe saber la gobernadora, suscribiente del decreto que dictó Nicolás Maduro sustituyendo las facultades legislativas de la Asamblea Nacional a principios de este año, que no tiene facultades para legislar en materia de regulación de bienes estratégicos para el desarrollo nacional, por cuanto se trata de una materia reservada al poder público nacional, ente que puede dictar las políticas, medidas y sanciones a través de leyes orgánicas para ser desarrolladas reglamentariamente por el Poder Ejecutivo, que en extralimitación de funciones es lo que hizo el Presidente de la Republica”.
Sostiene Palacios que hay suficiente legislación para investigar y sancionar lo relacionado con el robo de residuos sólidos de aluminio, cobre, hierro, bronce, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición; así como de residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria producto del reciclaje del papel y cartón que han sido declarados de carácter estratégico, vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional.
“La ley contra la delincuencia organizada y financiación al terrorismo prevé con claridad los delitos, procedimientos y sanciones para estos pillajes”, destaca.
El parlamentario le recomienda a Meléndez, presumiendo de su buena fe, revocar la medida.
Asimismo, que le solicite al Vicepresidente de la República celebrar una alianza estratégica a fin de incorporar a la gobernación en el proceso productivo de estos bienes y su encadenamiento.
“Solamente eso porque la gobernadora no puede ni regular ni impedir, a no ser que incurra en abuso de autoridad. Mucho menos sancionar a alguna persona natural o jurídica con ese adefesio que ha dictado”.
