Lo sucedido con 130 niños que se reunirían con sus padres en Perú, bajo el apoyo de una ONG que dirige el político Oscar Pérez, dio pie para que la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN) aprobara este lunes un Acuerdo en favor de los presos y perseguidos políticos del Gobierno de Nicolás Maduro.
La diputada Delsa Solórzano fue la primera en abordar el tema al decir que los menores de edad permanecieron “tirados por horas” en el suelo del aeropuerto de Maiquetía, luego de que por órdenes del Gobierno se les anulara el pasaporte y por ende, se les negara el reencuentro con sus padres que migraron al Perú en búsqueda de una calidad de vida.
“La ONG contaba con todos los permisos de ley. Esto no solo viola los derechos humanos de los niños sino también de sus familias. Debe notificarse inmediatamente a la Unicef”, dijo.
Por su parte, Richard Blanco sostuvo que se trataba de un pase de factura hacia el dirigente político que desde hace varios años está exiliado. “Reunir a niños con sus padres para el 24 de diciembre no es un delito”, aseguró.
Es importante recordar que la esposa e hija de Pérez, así como dos voluntarios de la ONG, fueron imputados por trata de personas, asociación para delinquir y uso de documentos falsos; y en horas de este domingo recibieron la libertad bajo medida cautelar.
El presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad y diputado por el estado Lara, Edgar Zambrano, también recordó que el 2017 que en pocos días culmina, ha sido el año con mayor índice de violación a los derechos humanos en la historia venezolana.
Y en ese sentido, reiteró su petitorio al Ejecutivo, Fiscalía y Defensoría del Pueblo para que respeten el debido proceso y liberen a los civiles y militares que han sido encarceladas por razones políticas.
“Llama poderosamente la atención que durante el año en curso se puso en práctica una lamentable modalidad: someter a ciudadanos civiles a la justicia militar, situación que viola flagrantemente la Constitución y demás leyes vigentes. Todas estas personas, sin distinción alguna, han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Dichas detenciones, practicadas en su mayoría por funcionarios del Sebin, Dgcim, la GNB y PNB, fueron arbitrarias dado que, en su mayoría, se ejecutaron sin orden judicial”, destacó al tiempo que mencionó a los polichacao y policías metropolitanos que aún permanecen encarcelados sin haber cometido delitos.
