Tan solo durante el año 2017 el comercio decayó un 70 % en Venezuela y el panorama que vislumbran los conocedores en materia económica, de cara a 2018, no resulta muy prometedor para el país y mucho menos para el ciudadano de a pie.
La caída del comercio en el territorio nacional, no solo golpea al comerciante que se ve obligado a bajar sus santamaría; sino que también tiene repercusión, por ejemplo, en la tasa de desempleo de la República.
“Como han cerrado tantos comercios, existe una clara disminución de la recaudación tributaria para el Estado. El desempleo te genera un problema social grave porque la pobreza ya está rondando el 90 % de la población”, declaró a EL IMPULSO el director de la Cámara de Comercio de Lara, Juan Pablo Pérez Castañeda.
Tal aseveración fue hecha durante una conferencia organizada por la Cámara de Comercio y desarrollada, la mañana de este viernes, con el fin de dar a conocer alternativas a los comerciantes para que enfrenten las dificultades que están por venir.
A juicio de Pérez Castañeda, de no existir cambio de las políticas públicas en materia económica, el comercio para el 2018 abriría sus puertas a pérdida y por sobrevivencia.
El sector ha evaluado que en los próximos meses se agudizará el proceso hiperinflacionario que ya asfixia la economía venezolana.
“Si pensamos que 2017 fue malo, el año que viene va a ser peor (…) Los productos pueden empezar a subir de precio de un día a otro e incluso de una hora a otra”, explicó.
Según cree, recuperar la estabilidad económicamente requiere de la buena disposición del Gobierno nacional en la materia; no obstante, se espera que sigan los aumentos salariales para enfrentar el alza de precios (posiblemente en enero se anuncie uno).
“Tú puedes mantener el discurso político pero por debajo de la mesa tienes que soltar el control de precio y sentarte con los empresarios para que puedan producir.
Sin embargo, realmente consideramos que el Gobierno no va tomar las medidas económicas necesarias, sino que simplemente va afianzar el control y culpan a la guerra económica”, sentenció.
Elecciones presidenciales son claves
La catástrofe económica en la que hoy está sumergida Venezuela tuvo origen político, precisamente por las decisiones que han tomado o dejado de tomar quienes hoy nos gobiernan. Así lo aseveró el politólogo y presidente de Poder y Estrategia Consultores, Ricardo Ríos, quien afirmó que las elecciones presidenciales de 2018 son determinantes para el futuro económico de Venezuela.
“No podemos decir que es más probable que gane uno u otro por preferencias políticas, sino más bien por las condiciones que se presente.
En cualquiera de los dos casos deben hacerse cambios económicos. Si gana el candidato opositor, seguro los cambios serán más profundos; pero el modelo actual ya colapsó y entonces, en cualquiera de los dos casos, deberán ser tomadas medidas económicas que tendrán un alto costo político y van a estremecer a la sociedad”, esbozó.
Según Ríos, es viable que a dichos comicios se presente una oposición seleccionada por el mismo Gobierno, una oposición fragmentada o una figura conocida por la sociedad que viene fuera del mundo político (un ‘outsider’).
“Es posible que no haya elecciones y este sería un escenario catastrófico desde el punto de vista de la incertidumbre que le va a generar al país”, adelantó.
Seguirá el control de precios
Desde el punto de vista jurídico, se espera que a partir de enero continúe un control de precios por parte del Estado en sectores priorizados, como por ejemplo producción de alimentos.
“Serán precios que se les va a imponer a toda la cadena de comercialización. Va a ser la forma con la que el Gobierno va a pretender atacar el tema de la alza precios en bienes y servicios”, informó el constitucionalista, Julio Pérez Graterol.
Según detalló, está en el tapete una ley que aparentemente discute la Asamblea Nacional Constituyente, que, después de ser aprobada, permitiría a las personas que conforman los Clap, fiscalizar y supervisar los comercios como actualmente lo hace la Sundde.
“Va a existir mayor presión pero será una fiscalización de personas que no están preparadas para ello, personas que no manejan tema de estructura de costos, por ejemplo, y puede llegar a ser una fuente de gran conflictividad”, develó, Pérez Graterol.
